Hussein ingresó a la corte, ubicada en el perímetro de seguridad en el oeste de la capital iraquí conocido como Zona Verde, con una amplia sonrisa y se sentó con los otros seis acusados del caso.

El juez principal, el chiíta Mohamed Oreibi Al Jalifa, llamó a declarar a un testigo de la fiscalía, con lo que dio marcha atrás a su decisión previa de sólo dedicar esta jornada a revisar pruebas.

El otrora gobernante de Irak envió la víspera una carta a Oreibi para informarle que no deseaba asistir más a las audiencias, en protesta por la negativa del juez a darle la palabra.

Hussein alegó en la misiva que cuando deseaba aclarar la verdad, el magistrado le impedía hablar.

En la sesión del lunes, el ex presidente se inconformó cuando el juez se negó tres veces a darle la palabra para refutar las acusaciones de la fiscalía sobre la supuesta malversación de 10 mil millones de dólares en bienes del Estado.

Khalil Al Dulaimi, jefe del equipo de abogados del ex líder iraquí, dijo que la negativa de éste a comparecer se debía a que estaba convencido que se le niega el derecho a defenderse apropiadamente.

El Tribunal Supremo de Irak comenzó el pasado 21 de agosto el juicio contra Hussein y seis coacusados por genocidio y crímenes de guerra, cargos por los que podrían ser condenados a muerte por el panel de cinco jueces.

Los cargos se refieren a los ataques lanzados contra la población kurda en el norte de Irak durante la campaña militar conocida como Al Anfal (botín de guerra) en 1987 y 1988.

La comunidad étnica kurda fue acusada por el gobierno de Hussein de colaborar con las fuerzas iraníes durante la guerra que libraron Irak e Irán entre 1980 y 1988.

De acuerdo con estimaciones de los kurdos iraquíes, alrededor de 180 mil personas murieron durante la campaña, en la que el ejército iraquí atacó con armas químicas la ciudad de Halabiya en marzo de 1988, matando aproximadamente cinco mil personas.

Muchos kurdos de entre 14 y 50 años, considerados capaces de portar un arma, fueron secuestrados, torturados, desplazados y algunos de ellos ejecutados y sepultados en fosas comunes, según la organización promotora de los derechos humanos Human Rights Watch.

Asimismo, el gobierno recurrió a prácticas como deportaciones masivas, desplazamiento forzoso, internamiento en campos de concentración y ejecuciones en masa, además de destruir más de cuatro mil pueblos en el Kurdistán iraquí.

Entre los otros acusados está Alí Hasan Al Mayid, primo de Hussein conocido como "Alí el Químico", además del ex ministro de Defensa Sultan Hashem Ahmad y el antiguo director de los Servicios de Información Militar, Saber Abdelaziz Al Duri.

Los otros acusados son Hussein Rashid al Tikriti, ex miembro del mando general de las fuerzas armadas; Farhan Mutlak al Yaburi, ex jefe de los Servicios de Información Militar en el norte del país, y Taher Taufik Al Ani, otrora gobernador de la provincia de Ninive.

Este es el segundo juicio que enfrenta Saddam Hussein desde que fue capturado por las fuerzas estadunidenses el 13 de diciembre de 2003 en una granja cerca de Tikrit, su ciudad natal.

En ese proceso, Hussein fue condenado junto con dos de sus colaboradores a morir en la horca por el asesinato de 148 residentes de la aldea chiita de Duyail.

La represión vino después un fallido atentado contra el hoy ex presidente en esa localidad el 8 de julio de 1982.

Los otros dos condenados a muerte son Barzan Hassan, medio hermano de Hussein y ex jefe de los servicios iraquíes de espionaje, y Awad Bandar, el ex juez principal de la Corte Revolucionaria de Irak.

El ex vicepresidente Taha Yassin Ramadan fue sentenciado a su vez a cadena perpetua, mientras otros tres acusados fueron condenados cada uno a 15 años de prisión y uno más fue exonerado por falta de evidencia.