LA PAZ, Bolivia, dic. 6, 2006.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó de antipatriotas a los grupos opositores que protagonizan una masiva huelga de hambre contra su gobierno y aseguró que la Cumbre de Presidentes de Sudamérica se hará el fin de semana en Bolivia con o sin protestas. La cita, a la que anunciaron su llegada 11 mandatarios, tendrá lugar a partir del viernes en medio de un tenso clima político, con acusaciones de la oposición sobre el envío de grupos de choque oficialistas a intervenir una huelga de hambre en una iglesia católica.
"Si son patriotas y quieren a Bolivia, los convoco a que suspendan su huelga de hambre. Si son enemigos y, como siempre, antipatrias pueden seguir", dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales.
Morales aseguró que en la ciudad de Cochabamba, al Centro del país y sede de la cita internacional, "hay total tranquilidad" y que "el pueblo y las organizaciones sociales se encargarán de garantizar la cumbre presidencial".
Como en anteriores ocasiones, acusó a una "derecha fascista y racista de conspirar permanentemente" contra su gobierno.
Su pedido de tregua quedó opacado el martes por intentos de presuntos militantes del oficialismo de linchar al escritor independiente Juan Claudio Lechín, quien cumplía una huelga de hambre contra el gobierno y por insultos de Morales a varios de los ayunadores. El novelista dijo que incluso le lanzaron cartuchos de dinamita.
"Es lamentable la doble moral y el doble discurso del presidente Morales, que por un lado dice estar preocupado por la imagen del país en la Cumbre Sudamericana y por otro lado alienta y fomenta el enfrentamiento entre los bolivianos, con declaraciones desaprensivas en contra de cualquier ciudadano que se anime a contradecir su línea autoritaria", dijo el vocero y asambleísta de la principal fuerza opositora Podemos, José Antonio Aruquipa.
Morales denunció, el martes, que varios de los huelguistas del piquete atacado en la iglesia católica de San Francisco, en el Centro de La Paz, tenían vínculos con el narcotráfico o habían atentado contra los Derechos Humanos, pero no presentó pruebas.
Lechín denunció a la prensa desde la clandestinidad que un grupo de decenas de militantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), "enviados desde arriba (el gobierno)", intentaron asesinarlo lanzando dinamita al interior la iglesia.
El vocero presidencial, Alex Contreras, aclaró que el gobierno rechaza la violencia "venga de donde venga", aunque declinó comentar declaraciones previas de la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, de que no enviaría a la policía a preservar la seguridad de Lechín porque ella tenía cosas más importantes que hacer.
También el vicepresidente Álvaro García dijo a periodistas que los agresores no eran del MAS y descartó que un estrecho colaborador extranjero, a quien se acusa de organizar operaciones contra la oposición, hubiera dirigido el ataque.
Los detractores de Morales exigen al gobierno que respete la ley de convocatoria a la Asamblea y que instruya al MAS la anulación de un reglamento aprobado en noviembre, que le permite sancionar una nueva Constitución con su mayoría simple.
Según esos sectores, la ley y la actual Carta Magna exigen que la nueva Constitución debe ser aprobada por dos tercios de los votos de los miembros de la Asamblea.