Ernesto Báez, una de las figuras prominentes de las AUC, dijo en diálogo telefónico con el telenoticiero CMI que en el proceso de paz no había confianza, mediaban los engaños y el incumplimiento.

Añadió que por "la falta de compromiso y un proceso que se mueve de acuerdo con las coyunturas políticas del país, no puede de ninguna manera asegurarse la paz".

Previamente los 59 ex comandantes de las AUC, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, habían enviado una carta a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes para que "intercedieran" ante el gobierno del presidente Alvaro Uribe a fin de superar la crisis que se presentaba en el proceso de paz.

Mauricio Lizcano, presidente de la Comisión de Paz, precisó a reporteros que el comité decidió reunirse el jueves para analizar la posibilidad de una visita a Itagüí o reunirse con el gobierno, al que le planteará la misiva que recibieron.

"La expresión no sería hablar de ruptura del proceso. Me parece que lo que expresamos de manera clara e irrevocable hoy (miércoles) es que damos por terminado este proceso", dijo Ernesto Báez, uno de los líderes de las AUC, al programa La Noche del canal de televisión RCN.

Durante más de tres horas, los paramilitares se reunieron con el comisionado presidencial para la paz, Luis Carlos Restrepo, el delegado de la OEA, Sergio Caramagna, y monseñor Julio César Vidal, quienes al salir del reclusorio no hicieron declaraciones a la prensa.

La crisis estalló desde el pasado viernes cuando el gobierno decidió trasladar a los ex comandantes paramilitares desde un centro de recreación acondicionado como cárcel en La Ceja, una población a 230 kilómetros al noroeste de Bogotá, al penal de máxima seguridad de Itagüí, argumentando "un alto riesgo de fuga" por informaciones entregadas al gobierno.

Sin embargo, el miércoles trascendió que los ex jefes paramilitares le exigieron al comisionado presentar las pruebas que tiene el gobierno en torno a la pretendida fuga de los paramilitares del centro de La Ceja, así como las presuntas órdenes de que desde allí se habían ordenado asesinatos.

Carlos Holguín, ministro del Interior, aseguró a la prensa que el gobierno no incumplió. "Ellos se pusieron a hacer cosas que no estaban dentro de las reglas del juego. Sabían el riesgo que corrían de hacer ciertas cosas que no se les podían permitir".

Dejó claro que la negociación como tal ya había terminado y sólo se tramita el proceso judicial, en el cual los ex líderes paramilitares tienen que confesar ante la justicia los crímenes en los que participaron.

La incógnita que se presenta es qué podría pasar con los 30 mil combatientes ilegales desmovilizados que están diseminados en varias regiones de Colombia.

Se desconoce el paradero del Vicente Castaño y otros jefes paramilitares que huyen de la justicia y mantienen el mando sobre algunas células.

Uribe, en un discurso ante mandos militares el miércoles por la mañana, señaló que los desmovilizados que regresen a delinquir no serán considerados paramilitares, "son simplemente criminales".