Así lo notificó este jueves el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo en un auto que responde a la petición hecha ayer por la Fiscalía del mismo tribunal y que recoge la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid, presentada el pasado 15 de diciembre.

La intención de la OCU, según dijo hoy su director, José María Múgica, es que los efectos de una posible sentencia se extiendan a todos los perjudicados, ya que este organismo actúa en defensa del conjunto de los consumidores, sin necesidad de que exista una denuncia individual.

Aun así, Múgica subrayó la importancia de que los afectados por el cierre de Air Madrid presenten una denuncia o una reclamación ante el organismo estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y guarden los billetes o cualquier otra documentación relacionada.

Además de un presunto delito de estafa, la OCU cree que puede existir enriquecimiento ilícito, engaño y perjuicio económico de Air Madrid, y que "lo más importante" es conocer la fecha en la que la aerolínea decidió suspender sus actividades, porque, al parecer, "hasta el último día se vendieron boletos", afirmó Múgica.

Para esclarecer si se le puede imputar a Air Madrid alguno de esos delitos, Del Olmo ordena en su auto al ministerio de Fomento que le remita "copia del expediente abierto a la mencionada compañía y copia de las reclamaciones existentes frente a la misma".

Exige asimismo a la policía que elabore un informe sobre los hechos denunciados e identifique al jefe de mercadotecnia de Air Madrid, y pide al órgano que resulte competente que le informe del número de boletos que Air Madrid vendió desde el pasado 1 de diciembre y hasta la fecha.

Esta petición se hace también a la Asociación de agencias de viaje, a la que solicita "cuanta información documental escrita o en soporte informático tenga con relación a los citados billetes e identificación de usuarios de los mismos, así como medio de pago usado por los adquirentes".

Por su parte, el gobernante Partido Socialista (PSOE) siguió hoy defendiendo la actuación en la crisis de Air Madrid del Ejecutivo español, que, según el parlamentario Julio Villarrubia, actuó "solidariamente y por razones humanitarias, sin que tuviera ninguna obligación legal de hacerlo".

Villarrubia tachó de "vergonzoso y negligente" el comportamiento de los responsables de la aerolínea por haber suspendido los vuelos y no cumplir con su obligación legal de atender a los afectados.

El opositor Partido Popular (PP), que estudia solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, acusó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de "cinismo" por su intervención de ayer, que para el PP "dejó muchas dudas sin resolver y muchos problemas sin solución".

Dentro del fuego cruzado entre los dos principales partidos, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, negó hoy que la situación de los más de mil 200 trabajadores de Air Madrid sea un cometido de su Ministerio.

Según el ministro, las medidas a tomar, entre ellas un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), corresponden al Gobierno regional de Madrid, del PP, "porque es donde está la sede".