La medida fue aprobada por la mayoría oficialista en el congreso local, un día después de que el gobernador del estado, Diosdado Cabello, envió la propuesta para su discusión.

El opositor Oscar Pérez rechazó la decisión al señalar que el artículo 14 de la Constitución estatal exceptúa declarar de utilidadpública a los aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras y autopistas, entre otros rubros de infraestructura.

Pérez había propuesto que se postergara el debate para el acuerdo enviado por Cabello para someterlo a discusión con los propietarios afectados con esta medida y otros sectores, con la finalidad de tener una visión integral.

Representantes de los propietarios del también llamado Aeropuerto Caracas se mostraron sorprendidos por la medida y su directiva afirmó que siguen sin recibido el decreto de expropiación, emanado de la gobernación de Miranda.

El gerente de la terminal aérea, Henry Vásquez, dijo en declaraciones a periodistas que desde que conoció la noticia llamó varias veces para solicitar una audiencia con el gobernador sin obtener respuesta.

Vásquez explicó que pese a que el aeropuerto es privado y propiedad de varios socios, "su operación es pública", ya que todo el que desee "lo puede hacer cancelando (pagando) el uso de la rampa".

Este aeropuerto tiene 25 años de operación y sus más de 364 dueños de hangares tendrían que negociar con el gobierno el precio para la expropiación, además de demostrar la titularidad de la tierra.

El gobernador Cabello señaló que se reinstalaría una aduana que operó durante 21 años, pero fue cerrada por instrucciones del Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) porque habría dejado de cumplir normas legales.