La votación se produce después de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ofreciera al Congreso que su asesor político, Karl Rove, y su ex asesora jurídica, Harriet Miers, así como los respectivos ayudantes de éstos, hablen sobre el caso, pero a puerta cerrada y sin que su declaración sea jurada.

Los demócratas han declarado esa oferta inaceptable y reclaman que los funcionarios testifiquen bajo juramento.

El comité, de mayoría demócrata, estableció que se emitan citaciones judiciales contra esos funcionarios, si se niegan a declarar voluntariamente bajo juramento.

En una declaración realizada el martes, Bush aseguró que está dispuesto a recurrir a la vía judicial para evitar que sus subordinados reciban citaciones judiciales.

El escándalo en torno al despido de los fiscales ha afectado, sobre todo, al secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, un estrecho colaborador de Bush y a quien el mandatario telefoneó el martes para expresarle su apoyo.

La situación de Gonzáles dista mucho de estar clara, especialmente después de que se hicieran públicos cientos de mensajes electrónicos del Departamento de Justicia.

Dichos mensajes revelan conversaciones al interior del gobierno sobre los fiscales que debían ser despedidos, una medida que, según legisladores demócratas, tuvo razones políticas y no profesionales.

Según legisladores demócratas, a los que se han unido dos republicanos, el despido de los fiscales tuvo su origen en una venganza política del gobierno republicano del presidente Bush.

El despido de los fiscales se produjo en diciembre pasado y tomó visos de escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon con detalle su salida.

La Casa Blanca se ha negado a ceder terreno en la controversia. Ha respaldado al atribulado secretario de Justicia Alberto Gonzáles y ha insistido en que los despidos sí procedían. El portavoz presidencial Tony Snow dijo que, al ofrecer que los asesores hablen en forma privada con los comités, Bush buscó evitar el "espectáculo en los medios de comunicación" resultante si se efectúan audiencias públicas con Rove y otros declarando formalmente como testigos.

"La pregunta que tienen que hacerse es: ¿Están más interesados en ofrecer un espectáculo político que en obtener la verdad?", afirmó Snow con relación al ofrecimiento que hizo el martes la Casa Blanca a través de su asesor legal, Fred Fielding. En dicha oferta, los asesores presidenciales hablarían en forma privada con los Comités Judiciales de ambas cámaras, pero no bajo juramento y sin que se lleve un registro formal de lo declarado.

El panel aprobó, pero no ha emitido, citaciones para Rove, la ex asesora legal de la Casa Blanca Harriet Miers, sus subalternos y Kyle Sampson, jefe de personal de Gonzáles y quien renunció tras el escándalo desatado la semana pasada. El Comité Judicial en pleno autorizaría las citaciones si su presidente John Conyers decide hacerlo.