En tanto, los legisladores en funciones y los suplentes que asumieron en reemplazo de los cesados, sesionaron el martes y resolvieron con 52 votos -- la totalidad de los presentes--, destituir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Argumentaron que su periodo terminó en enero y que estaban en funciones prorrogadas.

El Congreso es la autoridad encargada por ley para designar a los miembros del TC.

El Tribunal Constitucional había acogido favorablemente el lunes en la noche la apelación de uno de los congresistas destituidos el 7 de marzo por el Tribunal Electoral que los sancionó por considerar que obstaculizaron la convocatoria a un referendo, efectuado el 15 de abril, y en el que la ciudadanía aprobó la instalación de una Asamblea Constituyente promovida por el gobierno.

"La policía tiene que cumplir las órdenes que el Tribunal Supremo Electoral y acatar las resoluciones de ese tribunal que es la máxima autoridad en periodo electoral", aseguró el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, al afirmar que los diputados opositores, 51 en total, no pueden ingresar al Congreso.

"La policía acatará la decisión que está en firme que es la del Tribunal Supremo Electoral", añadió, desconociendo la validez de la resolución del Tribunal Constitucional, organismo encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas en el país.

El presidente Rafael Correa rechazó el pronunciamiento del TC y anticipó el lunes que si los legisladores destituidos "intentan entrar a la brava (al Congreso) y alterar el orden público, habrá incluso que mandarlos a prisión".

En las afueras del Congreso, un grupo de estudiantes secundarios que querían llegar hasta el lugar para expresar su rechazo a la decisión del TC se enfrentó con la policía que respondió con gases lacrimógenos.

En tanto, los diputados opositores se reunieron en un hotel de Quito donde festejaron que "ha primado la norma suprema de la República", según dijo el legislador derechista Pascual Del Cioppo quien anunció que quieren volver a sus curules "a trabajar, a servir y no confrontar".

"Hoy llamamos a la fuerza pública para que se retire del Parlamento", dijo Gloria Gallardo, también diputada derechista favorecida con la decisión del TC.

Jorge Acosta, presidente del Tribunal Supremo Electoral señaló el martes que la resolución del TC es "inejecutable" y argumenta que esa misma entidad reconoció en tres fallos previos, que en esta materia las decisiones de la corte electoral "son definitivas e inacatables", no pueden modificarse.

Ante ello, explicó en el canal Ecuavisa que la resolución de destituir a los legisladores "prevalece" sobre la del TC.

El organismo electoral decidió el 7 de marzo cesar en sus cargos a 57 de 100 legisladores del Congreso unicameral por obstaculizar la consulta popular que dio paso a la asamblea constituyente.

Sólo se restituyeron los cargos a 51 de los 57 diputados, que fueron quienes firmaron inicialmente el recurso de amparo.

Desde que los diputados fueron destituidos, el funcionamiento del Congreso se paralizó por casi un mes por la pugna con el Tribunal Constitucional pero más tarde la situación se normalizó a raíz de que los diputados suplentes de los cesados en sus cargos asumieron las funciones.