En una rueda de prensa celebrada en Palacio, Morales entregó la demanda al vicepresidente del país y titular del Congreso Nacional, Álvaro García Linera, para que sea tratada de inmediato en la Cámara de Diputados, dominada por la mayoría oficialista.

"Se ha demostrado que el Tribunal Constitucional toma decisiones políticas y no jurídicas", apuntó el mandatario, al cuestionar el fallo del TC que ordena el cese de los cuatro magistrados que él designó por decreto el 30 de diciembre pasado para llenar los puestos vacantes.

El fallo del Tribunal señala que la designación por decreto, mientras el Congreso está en receso, es constitucional, pero que los nombrados sólo pueden estar en sus cargos por 90 días, es decir, hasta fines de marzo pasado.

Los ministros que deben abandonar sus funciones son Wilfredo Ovando, Carlos Villarroel, Bernardo Bernal y Zacarías Valeriano, de un tribunal supremo integrado por doce magistrados.

Los objetados son los que impulsan el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien vive en Estados Unidos y está acusado de genocidio por las 63 muertes producidas en una ola de protestas en octubre de 2003.

Morales lamentó que el TC "no acompaña los procesos de cambio" en Bolivia ni defiende la Constitución.

"Estoy convencido de que respetarían las normas bolivianas, ellos sólo tienen la tarea de decir si (un decreto) es constitucional o inconstitucional, y no tienen por qué suspender las actividades de miembros de la Corte Suprema", dijo Morales.

El mandatario les reclamó "ser miembros del Poder Judicial y no del poder perjudicial", ironizó, y criticó la actuación de los jueces que "no viven para la justicia, sino de la justicia".

"No se puede entender que algunos de nuestros abogados, llamados doctores de la ley, que ahora son del Tribunal Constitucional, operen contra el pueblo, defiendan a los narcotraficantes, defiendan a los corruptos, a los criminales", sostuvo Morales.

A su juicio, la Asamblea Constituyente también debe analizar otras formas de elegir a miembros del Poder Judicial que, en la actualidad, deben ser designados por el Congreso, aunque cuando éste se encuentra en receso el Ejecutivo puede hacerlo por decreto.

Para solucionar el conflicto judicial el vicepresidente García Linera convocó a una sesión de Congreso, conjunta entre senadores y diputados, para el próximo jueves, con el propósito de concertar la designación de los magistrados titulares.

No obstante, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) necesita el apoyo del principal partido opositor Poder Democrático y Social (Podemos, derechista) para aprobar los nombramientos.

El vicepresidente del Senado, Carlos Borth, dijo que su partido Podemos plantea un periodo de concertación previa sobre los cerca de 30 candidatos, cuyos expedientes están en mesa hace varios meses, en lugar de asistir directamente a la sesión de Congreso.