Reprimen marcha de estudiantes venezolanos

CARACAS, Venezuela, nov. 28, 2007.- La Guardia Nacional venezolana, policía militarizada, dispersó a estudiantes que intentaron bloquear una autopista de Caracas, en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobierno, sin que se registraran heridos, según datos oficiales.

Estudiantes de la Universidad Metropolitana (Unimet-privada), en el este caraqueño, trataron de obstruir parcialmente el tráfico en un tramo de la neurálgica autopista Francisco Fajardo para entregar panfletos en contra de la reforma promovida por el presidente Hugo Chávez.

Contingentes de la GN y de la Policía Metropolitana (PM) se presentaron en el lugar y lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los estudiantes, quienes se retiraron del lugar, tras varias escaramuzas con las fuerzas de seguridad.

En la última semana estudiantes de varias universidades han obstruido parcialmente diferentes tramos de esa autopista para promover el "no" a la reforma en el referendo del domingo, lo que ha generado atascos de varios kilómetros en el ya complicado tráfico capitalino.

El Gobierno ha dicho que no permitirá la anarquía en Caracas y que disolverá cualquier manifestación no autorizada previamente o que busque generar caos y violencia.

Más de 16 millones de venezolanos han sido convocados a las urnas el próximo 2 de diciembre para que se pronuncien sobre el proyecto de reforma de 69 de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana de 1999.

Chávez promueve los cambios a la Carta Magna con el argumento de que es "indispensable" para "acelerar" el proceso "revolucionario" e instaurar el socialismo, que, según él, es el "único camino a la paz y la justicia".

La oposición política, las cúpulas empresarial y comercial, así como el Episcopado rechazan el proyecto, al considerar que es "antidemocrático", otorga poderes "imperiales" al presidente venezolano y lo "eterniza" en el poder.

La reforma incluye reelección indefinida presidencial, varios tipos de propiedad, como la comunal, además de la privada, un nuevo ordenamiento territorial y la posibilidad de que el Estado restrinja la información y el debido proceso durante los estados de excepción.