El 85% de ese monto está relacionado con la clonación de tarjetas de crédito y de débito, informó la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Las reclamaciones que recibimos en materia bancaria tienen que ver con cargos no reconocidos en tarjeta de crédito, esto no quiere decir que tengan como causa común la 'clonación', puede tratarse de un mal uso de la tarjeta o del robo de la tarjeta, pero sí hay temas, hay casos que tendrían que ver con la 'clonación'", afirma Rafael Avante, funcionario de la Condusef.

El fenómeno va en aumento, mediante el llamado "skimmer", que es un lector de bandas magnéticas de las tarjetas o plásticos que utilizan las redes criminales para conocer el saldo del usuario y los movimientos que realiza.

Desde restaurantes y sucursales bancarias operan estas bandas delictivas utilizando los "skimmer".

"Si perdemos de vista nuestra tarjeta basta un segundo para que el mesero o el cajero la deslice por aquí (el skimmer) y toda la información contenida en una tarjeta quede grabada en este aparatito", explicó Miguel Aguilar, quien es fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en la delegación Venustiano Carranza.

La información crediticia que se obtuvo con ese "skimmer" es vaciada en computadora, para después falsificar una tarjeta con la misma clave confidencial y así realizar retiros o compras.

Ante la gravedad del problema, la Condusef aseguró que ya ha dialogado con la Asociación de Bancos de México para evitar que el crimen organizado siga clonando tarjetas.

"Ojalá pronto tengamos resultados muy concretos, tiene que ver con la incorporación del chip a la tarjeta, parece estar demostrado que es veces más difícil falsificar, clonar una tarjeta con chip, que una tarjeta simplemente con banda magnética", reitera Rafael Avante, de la Condusef.

También se está llegando a un acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), para obligar a quien muestre una tarjeta a identificarse con credencial de elector, antes de realizar su pago.

Cada grupo delictivo dedicado a este ilícito, posee información privilegiada de usuarios de por lo menos 10 instituciones bancarias, asegura el fiscal de la PGJDF en Venustiano Carranza:

"Encontramos registros en su archivo de mil 160 clientes, mil 160 cuentas que ya habían ellos copiado", dijo.

El delito de falsificación de títulos al portador y de documentos de crédito público, con base en la Ley de Instituciones de Crédito, alcanza una pena de tres a nueve años de prisión y una multa de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo.