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WASHINGTON, Estados Unidos, feb. 13, 2006.- El Gobierno de Estados Unidos restó hoy credibilidad al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que denuncia las torturas a los presos de la base estadounidense de Guantánamo, Cuba y alegó que está basado en habladurías porque sus autores no estuvieron allí.
"Ninguno de los que escribieron este informe fue a Guantánamo", dijo hoy el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
El portavoz aludía al borrador del informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Guantánamo.
Los funcionarios de Naciones Unidas "no aceptaron la oportunidad que se les ofreció para viajar a Guantánamo y ver, de primera mano, cómo son las operaciones que se hacen allí”, prosiguió el portavoz.
McCormack explicó además que lo publicado hoy en varios medios de comunicación no es el informe final de la comisión, sino simplemente un borrador elaborado con testimonios de individuos que abandonaron Guantánamo y de sus abogados.
Hay que tener en cuenta, añadió, que en los últimos años hubo una serie de "denuncias infundadas" sobre lo que ocurría en la base estadounidense.
El portavoz recordó además que EU invitó a los expertos de la ONU a que visitasen el centro de detención pero "ellos rechazaron la invitación", aunque admitió que lo hicieron porque se les negó el acceso directo a los prisioneros.
El hecho de que decidieran renunciar a la oferta del Gobierno de EU "no les da automáticamente el derecho de publicar un informe que simplemente se basa en habladurías y no en hechos", subrayó.
El borrador del informe en cuestión concluye que Washington debería enjuiciar a los 520 detenidos en Guantánamo o ponerlos en libertad, así como poner fin a todas las prácticas que supongan una tortura, incluida la alimentación forzosa de reclusos que siguen huelga de hambre.
ONU RECOMIENDA CERRAR GUANTÁNAMO
Expertos de la ONU recomendaron a EU el cierre "inmediato" del centro de detención de su base naval de Guantánamo, Cuba, tras denunciar prácticas como la alimentación forzada y actos de tortura contra los detenidos.
El borrador del informe ha sido elaborado por un grupo de cinco expertos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se prevé que se haga público en los próximos días en Ginebra.
"Estados Unidos debería cerrar el centro de detención de Guantánamo de inmediato", dice el documento en las recomendaciones finales.
En el documento, se acusa a EU de denegar el derecho a los detenidos de tener un juicio, por lo que pide a Washington que "inicie de forma expeditiva un procesamiento judicial o que los ponga en libertad de inmediato".
También exhorta a EU a considerar la posibilidad de enjuiciar a los 520 sospechosos terroristas de pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda o al gobierno de los talibán detenidos en Guantánamo ante un tribunal internacional competente.
El Gobierno estadounidense restó hoy credibilidad al informe y alegó que está basado en habladurías porque sus autores no estuvieron allí.
"Ninguno de los que escribieron este informe fue a Guantánamo", dijo hoy en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.
Los funcionarios de Naciones Unidas "no aceptaron la oportunidad que se les ofreció para viajar a Guantánamo y ver, de primera mano, cómo son las operaciones" que se hacen allí, prosiguió el portavoz.
Estados Unidos sólo invitó a tres de los cinco especialistas que firman el informe.
Los invitados fueron: el austríaco, Mandfred Novak, experto en torturas; el paquistaní, Asma Jahangir, cuyo trabajo se centra en la libertad de religión, y la argelina, Leila Zerrogui, especialista en detención arbitraria.
La invitación no fue cursada al argentino, Leandro Despouy, investigador especial sobre la independencia de jueces y abogados, y al neozelandés Paul Hunt, relator especial sobre derechos de la salud.
Los autores del informe, por el contrario, han venido denunciando las trabas que puso EU para desarrollar su labor, motivo por el que declinaron realizar la visita a Guantánamo.
McCormack resaltó el hecho de que no se trata del informe final de la comisión, sino de un borrador elaborado con testimonios de individuos que abandonaron Guantánamo y de sus abogados.
En su informe, los expertos recomiendan a los EU que, hasta tanto los reclusos no sean transferidos a territorio estadounidense, "se abstengan de practicarles la tortura, la discriminación en base a la religión, así como violaciones al derecho a la salud y a la libertad".
En particular, anotan, deben cesar de inmediato las técnicas especiales en los interrogatorios autorizadas por el Departamento de Defensa, por considerar que son demasiado violentas.
Además, señalan que EU debería poner fin a otras prácticas que también consideran actos de tortura, entre ellas, la alimentación forzosa de reclusos que se encuentran en huelga de hambre.
"El gobierno estadounidense debería invitar a profesionales de la salud independientes para controlar a los cautivos en huelga de hambre, de una manera que sea consistente con los estándares de ética internacionales", aconsejan.
Por otro lado, el grupo de expertos intenta convencer a Washington para que deje de expulsar, extraditar o transferir a los detenidos de Guantánamo a países en donde existen evidencias comprobables de que puedan estar en peligro de ser torturados.
Los autores del documento recomiendan a EU que investiguen los las denuncias de casos de tortura en tribunales penales estadounidenses y que lleven ante la justicia a sus responsables tanto a nivel militar como político.
"EU debería proporcionar al personal en sus centros de detención de formación, para que tengan conocimiento y cumplan con su deber de respetar los estándares de derechos humanos internacionales sobre el trato a personas detenidas", puntualizan.
Los autores cuestionan el derecho de EU a clasificar a los detenidos como "combatientes enemigos" y sostienen que la "guerra contra el terrorismo" no es una justificación para mantenerlos retenidos de manera indefinida sin cargos.
El informe ha sido el resultado de 18 meses de investigaciones que ha realizado este grupo de expertos en base a entrevistas a ex prisioneros, sus abogados y familiares de los detenidos, ya que EU les ha impedido viajar o ha puesto condiciones previas para indagar sobre el terreno.