También serán investigados el ex presidente del Congreso Víctor Joy Way y las actuales legisladoras Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, todos fujimoristas, quienes habrían recibido dinero de Montesinos para financiar sus campañas electorales el año 2000.

Todos los involucrados serán investigados por la supuesta comisión de delitos de corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y peculado.

Fujimori será investigado por el manejo constante de dinero del Estado, con el cual habría incrementado su patrimonio personal y familiar.

Según informó el sábado el diario oficial El Peruano, la fiscal Nelly Calderón dispuso esas medidas después que Montesinos declaró ante el juez anticorrupción, Saúl Peña, que entregó dinero, proveniente del tesoro público, a dichas 28 personas.

De acuerdo con la versión, en una resolución la Fiscalía dijo que Fujimori, según Montesinos, habría ordenado el pago en efectivo a los entonces legisladores debido a su interés en asegurar la mayoría en el Congreso, para controlarlo.

La alianza Perú 2000 de Fujimori, en las elecciones del 2000 logró solo 52 de los 120 pupitres del Congreso unicameral, y para controlarlo precisaba de al menos 61.

El juez Peña anteriormente dijo que Montesinos declaró que a los 24 congresistas tránsfugas les pagó a cada uno entre 5.000 y 50.000 dólares, u otros beneficios patrimoniales, por una sola vez, para abandonar a sus partidos políticos de origen y pasarse a la bancada fujimorista.

Según un documento de la Corte Superior de Justicia de Lima, distribuido a la prensa por el Congreso, Montesinos dijo al juez Peña que entregó 20.000 dólares, por una sola vez, a las congresistas Chávez, Salgado y Lozada, para su campaña electoral del año pasado.

De acuerdo con el documento las entregas de dinero se realizaron en el local del Servicio de Inteligencia Nacional, del cual Montesinos era jefe de facto durante el gobierno de más de diez años de Fujimori, que comenzó en 1990.

Las congresistas Chávez, Salgado y Lozada dijeron, por separado, que las medidas adoptadas por la Fiscalía son parte de una persecución política.