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  El narco permanecerá en la cárcel.

Critica ONU ‘desorganización’ del sistema judicial mexicano

Corrupción, impunidad y falta de confianza de la gente, sus principales problemas

  SONDEOS DE OPINION

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por: EFE

GINEBRA, Suiza, abr. 8, 2002.- Un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU criticó hoy en Ginebra la "desorganización" de la profesión legal en México.

En declaraciones a los periodistas, el relator para la independencia de los jueces y abogados, Dato'Param Cumaraswamy, explicó que "nadie supo decirme cuántos abogados ejercen en la ciudad de México".

Esa desorganización afecta negativamente al sistema judicial, afirmó el relator, quien señaló como uno de los mayores problemas "la falta de confianza de la gente en el sistema judicial".

Criticó que los jueces federales responsabilicen de los fallos a los distintos Estados mexicanos y añadió que la responsabilidad del funcionamiento del sistema judicial en su conjunto compete al Gobierno federal.

Las autoridades "necesitan ganarse a pulso la confianza de la gente", señaló Dato'Param Cumaraswamy, que no ha podido presentar aún su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por retrasos en el calendario.

En su informe, el relator se queja de la "lentitud" del proceso para establecer una "cultura de independencia judicial" en el país y sostiene que "la impunidad y la corrupción no han remitido".

Sin embargo, muestra su satisfacción por el compromiso del nuevo presidente mexicano, Vicente Fox, de nombrar a un fiscal especial para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos denunciados en el reciente informe sobre desaparecidos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"También su decisión de hacer públicos los archivos de los servicios de información mexicanos correspondientes al período de 1970 a 1985 son medidas que van en la buena dirección para atajar el problema de la impunidad que prevalece en el país", agrega.

Sin embargo, el relator expresa su inquietud por la falta de impunidad de los tribunales militares, la ausencia de una profesión legal organizada y las dificultades que encuentran los abogados para acceder a sus clientes encarcelados o bajo custodia judicial.

Critica también el hostigamiento y la intimidación continuos de los abogados, sobre todo de los que se ocupan de casos de violación de derechos humanos, y su falta de protección por parte de las autoridades, así como de "la deficiente calidad" de los servicios prestados por los abogados de oficio.

Destaca que se aceptan declaraciones efectuadas bajo presión y subraya que los retrasos en el procedimiento de amparo, además de su lentitud y sus elevados costos, impiden que haya "una justicia para todos".

Censura también la falta generalizada de acceso a la justicia por parte de los miembros de la comunidad indígena, la falta de intérpretes, la deficiente sensibilidad del sistema legal con las tradiciones legales de esos grupos, la prevalencia de condiciones casi de esclavitud entre los inmigrantes indígenas y la ausencia de tribunales independientes para niños y adolescentes.

Dato'Param Cumaraswamy critica, por otra parte, las "investigaciones incompetentes e ineficaces" de más de 189 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Chihahua) desde 1994 y la falta de igualdad de las mujeres.

Entre las recomendaciones que recoge el informe figura la de dedicar anualmente un porcentaje fijo del presupuesto federal al sistema judicial y recoger en la Constitución la supremacía sobre las leyes nacionales de los tratados internacionales firmados y ratificados.

El relator recomienda al Gobierno mexicano que calcule cuántos tribunales se necesitan en los ámbitos federal y estatal para facilitar el acceso a la justicia y la elaboración de un código deontológico uniforme para jueces y magistrados.

Respecto a los delitos cometidos supuestamente por militares contra civiles, éstos deberían ser investigados por autoridades civiles y se debería reformar las leyes para permitir a los tribunales civiles procesar a miembros del estamento militar acusados de cometer crímenes graves contra civiles cuando no están de servicio.

El Gobierno debería asegurarse de que las confesiones obtenidas mediante la fuerza no puedan utilizarse como prueba y las declaraciones de los detenidos no deben tener efecto probatorio a menos que fueran realizadas ante un juez, agrega el documento de Dato'Param Cumaraswamy.





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