En su intervención en un foro organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), el funcionario manifestó que hay que reconocer que existen posiciones políticas en el conflicto relacionado con la edificación de la terminal aérea.

"Creo que nos quieren probar como partido y también como gobierno, pero lo que puedo asegurar es que todo este asunto se resolverá dentro de los marcos legales correspondientes", dijo.

Reunidos en un hotel de esta ciudad, expuso ante los panistas que el nuevo aeropuerto es un pretexto, el primero que se presenta y advirtió que no va a ser el último, por ello, "o hay una congruencia en nuestros planteamientos como partido y como gobierno o vamos a tener problemas graves".

En entrevista posterior, Cerisola y Weber aclaró que al margen de las voces políticas, el gobierno federal quiere solucionar este problema por medio de la vía del diálogo con los ejidatarios de San Salvador Atenco, que se oponen al proyecto.

Sin embargo, comentó que hasta ahora no hay ningún cambio al proyecto original, incluso comparó lo que el gobierno pretende pagar a los ejidatarios con lo que Estados Unidos erogó por las tierras agrícolas donde se instaló el aeropuerto internacional de Denver.

Precisó que se ofrece un pago de 25 pesos por metro cuadrado agrícola de riego y siete pesos en zonas de temporal, cuando en Denver se pagaron 18 pesos en general.

Es decir, explicó, que estamos pagando siete pesos más que en Estados Unidos y 10 pesos menos de lo que los desarrolladores inmobiliarios nacionales dicen que se puede erogar como máximo por cada metro.

Otro punto, es que cuando se expropian las tierras se hace por hectárea y no por metro. Eso significa, continuó, que el planteamiento que hacemos nosotros es correcto y sustentado legalmente, aunque eso no quiere decir que no estemos en la mejor disposición de buscar el diálogo con quienes se oponen a esta situación.

Destacó que la idea es primero buscar el diálogo y la negociación con todos los actores relacionados con el problema en San Salvador Atenco y luego hablar de soluciones o cambios al proyecto original del nuevo aeropuerto, "pero para negociar se necesitan dos".

Además, el gobierno mexicano pretende compartir los beneficios del nuevo aeropuerto cuando los terrenos se vendan al proyecto y eso debe formar parte de las negociaciones con los ejidatarios, abundó.

El funcionario también hizo algunos comentarios sobre los proyectos que tiene esa dependencia para Yucatán, entre los que destacan la inversión de más de 370 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura carretera en la entidad.

De igual manera, aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará apoyo para rescatar el aeropuerto Internacional de Kaúa, que fue una obra en la que se invirtieron más de 150 millones de pesos, pero hasta hoy tiene muy baja ocupación y operatividad.

"En definitiva vamos a trabajar para que ese aeropuerto sea un punto importante dentro del mapa turístico y sea ese uno de sus principales objetivos y beneficios", subrayó.