El coordinador para la Atención y el Desarrollo del nuevo aeropuerto, Francisco Curi Pérez, sostuvo que la determinación de las autoridades federales para dialogar con los ejidatarios que se oponen a la expropiación de las tierras, obedece a su voluntad para alcanzar una solución negociada y consensuada al conflicto, y no responde a presión de líder o grupo social alguno.

En el primer encuentro entre las partes, realizado en el Archivo General de la Nación, los ejidatarios de San Salvador Atenco, Magdalena Panoaya y Acuexcomac mantuvieron su postura en cuanto a que la única solución al conflicto es la derogación del decreto expropiatorio emitido por la Presidencia de la República, el 21 de octubre del 2001.

Curi Pérez respondió que de hacerlo, el gobierno federal incurriría en una transgresión a la ley, por lo que se debe esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno a las controversias constitucionales interpuestas por los afectados en contra de dicho decreto.

"El gobierno de la República plantea que el proyecto será posible con la participación y compromiso de los ejidatarios, y si no, no se hace", reiteró el representante gubernamental ante la comisión de 30 ejidatarios y sus 10 asesores.

Por ello, Pérez Fernández propuso la instalación de las mesas de trabajo necesarias para atender las diversas inquietudes de los inconformes, siempre señalando que lo más importante para las autoridades federales es llegar a un acuerdo a través del diálogo.

Los ejidatarios insistieron en que no eran necesarias tales mesas, puesto que el único punto a tratar en las pláticas sería uno: la derogación del decreto del 21 de octubre.

El coordinador del proyecto señaló que el gobierno ni siquiera está proponiendo que los encuentros deben ser para negociar, sino para dialogar, y si al final la decisión es que no se construya el nuevo aeropuerto -apuntó- pues ni modo, pero queremos que quienes decidan sean los ejidatarios.

Al término de la reunión, Francisco Curi Pérez Fernández informó que se entregó a los inconformes el documento que contiene la nueva oferta del gobierno respecto a los términos de la expropiación de las tierras, y que, entre otras cosas, contiene la fijación de un precio de 500 mil pesos por hectárea.