Con base en estudios elaborados por especialistas en la materia, el Gobierno Federal optó por la alternativa de Texcoco para la nueva sede.

De acuerdo con las facultades que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo, se emitieron los decretos expropiatorios para desarrollar el proyecto aeroportuario en Texcoco y establecer una zona de regulación ecológica de gran valor para el desarrollo sustentable del Valle de México.

Los decretos fueron impugnados ante los tribunales federales. El respeto al ejercicio de este derecho, condujo al Gobierno Federal a abrir un compás de espera en la ejecución del proyecto.

En ese intervalo se fue construyendo una nueva oferta compuesta de una mejor retribución económica por los terrenos expropiados y una propuesta para hacer a las comunidades y a los ejidatarios, partícipes de los beneficios económicos y sociales del proyecto.

Simultáneamente se hicieron diversos llamados al diálogo y se establecieron negociaciones con todos aquellos representantes ejidales que estuvieron dispuestos a buscar una solución conjunta.

Algunas comunidades ejidales se opusieron de entrada al proyecto mientras que otra, decidieron rechazar la nueva oferta del gobierno.

Dada la negativa de las comunidades ejidales respecto al proyecto original y habiendo, en las nuevas condiciones, opciones convenientes para ampliar la base aeroportuaria del centro del país, el Gobierno de la República ha tomado la decisión de realiza los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios.

Al considerar otras alternativas, el Gobierno Federal logra el propósito de conciliar el interés general en la construcción de un nuevo aeropuerto con el interés particular de las comunidades que han decidido conservar el destino original de sus tierras.

Asimismo, el gobierno reitera su voluntad de coadyuvar al desarrollo económico y social de la zona.