El Gobierno anunció anoche la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, después de que unos 2.000 campesinos de San Salvador Atenco, una de las comunidades afectadas por las expropiaciones, se levantaran para defender sus tierras.

El plan de infraestructuras más ambicioso del equipo de Vicente Fox preveía inversiones superiores a los 2.800 millones de dólares.

El presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), Jorge Espina, advirtió hoy sobre la incertidumbre que puede crear entre los inversores la cancelación del proyecto.

El director de Centro de Estudios del Sector Privado, David Cuadri, opinó que es una señal que oscurece el horizonte para muchos proyectos en el país, pues hace muy claro que hay una serie de restricciones políticas en México que impiden que las decisiones sobre nuevos proyectos se concreten realmente, y eso es algo que está en el ánimo de los inversionistas.

Un país que no puede llevar a cabo ningún proyecto importante cree que debe reflexionar seriamente sobre sus limitaciones, agregó David Cuadri.

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Pedro Cerisola, explicó hoy, en un encuentro con corresponsales extranjeros, que el Gobierno estudiará otras posibilidades, aunque evitó concretarlas y se limitó a señalar que "no se descarta nada", ni siquiera la ampliación del actual aeropuerto de Ciudad de México.

Rechazó que la decisión pueda interpretarse como un "fracaso" del Ejecutivo y opinó que, por el contrario, "es una muestra de sensatez y madurez política".

No se quiso hablar de las pérdidas provocadas por la suspensión de la fórmula que se empleará para compensar a las empresas que habían comprometido inversiones en la zona.

Se compensarán de acuerdo a las normas internacionales, señaló Cerisola, que argumentó que la caída del tráfico aéreo tras los atentados del pasado 11 de septiembre contra EU amplía el margen de maniobra para resolver el problema de saturación de las instalaciones de la capital.

En el escenario previo al martes negro, apuntó, se estimaba que el aeropuerto de Ciudad de México se saturaría en cinco años, ahora subirá el tiempo entre siete y ocho años.

El Gobierno no actuó con "prepotencia" en este caso, aunque hubo "errores humanos" en el tratamiento del conflicto y no se consultó previamente a los campesinos para "evitar especulaciones", admitió Cerisola.

El Gobierno, que inicialmente ofrecía entre siete y 25 pesos (0,7 a 2,5 dólares) por metro cuadrado expropiado, elevó su oferta tras las protestas, aunque los campesinos mantuvieron su negativa a ceder las tierras.

No hubo una negociación de regateo, si los campesinos no quieren irse no los vamos a echar a patadas, dijo Pedro Cerisola.

El proyecto, anunciado en octubre del pasado año, fue rechazado por ecologistas, partidos de oposición y recurrido ante la Suprema Corte de Justicia por las autoridades municipales de Ciudad de México y Texcoco.

Los campesinos de San Salvador Atenco se lanzaron a las calles desde el primer momento y radicalizaron sus posturas hasta que el pasado 11 de julio protagonizaron un enfrentamiento con la policía que dejó varios lesionados, uno de los cuales murió posteriormente y hubo una quincena de detenidos.

Tras los sucesos, Fox admitió que existían otras opciones para la ubicación del nuevo aeropuerto.