En entrevistas por separado, el coordinador del PRD en el Senado, Jesús Ortega Martínez, consideró que esta es una muy buena decisión porque aparte de restablecer el ambiente de paz en San Salvador Atenco, de dar certidumbre de que se van a proteger los derechos de los habitantes de los ejidos, también se ve como una rectificación por parte del gobierno Federal.

Consideró que se cometieron errores desde que se tomó la decisión de instalar el nuevo aeropuerto en Texcoco y la corrección actual, es una muestra del ánimo que existe para querer hacer bien las cosas.

Estimó que lo sucedido debe ser tomado en cuenta como experiencia para los nuevos proyectos o alternativas para la construcción del aeropuerto alterno y que puede ser Tizayuca u otro lugar.

Reconoció que aunque la cancelación del proyecto tendrá repercusiones o efectos de carácter económico y político, serán menores a que si se siguiera insistiendo en Texcoco.

En opinión del perredista, de no haberse cambiado la decisión se hubiera generado una situación de ingobernabilidad, inestabilidad política y hasta de violencia, que por supuesto no era lo deseable, "por lo tanto, entre los males el menor, por eso creo que la decisión fue adecuada".

El secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Gutiérrez del PRI, calificó como acertada la decisión de cancelar el proyecto en Texcoco, porque esta posibilidad nació muerta y aseguró que existen otras alternativas técnicamente más viables.

Desde el principio, dijo, se alertó de que ese proyecto era inviable, además de que se le estaba dando un deficiente manejo político y de negociación.

Acerca de que si con esa decisión se afecta al gobernador del estado de México, Arturo Montiel, puntualizó que los proyectos no son para beneficiar a personas sino al país.

El coordinador parlamentario del PRD, Martí Batres Guadarrama, dijo que fue una conquista de los ejidatarios que demostraron que no puede hacerse un proyecto a sangre y fuego y de esta manera se evitó una confrontación de incalculables consecuencias .

Resaltó que el Gobierno debe aprender a prever y procesar las cosas de manera adecuada, para que no se generen situaciones como la que dio lugar al levantamiento de los ejidatarios, que finalmente tuvo un desenlace positivo.

EL GOBIERNO ‘ARRINCONADO’ Y ‘CHANTAJEADO’

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Elías Romero Apis del PRI, comentó que la cancelación del proyecto parece ser una ruptura del "orden del Derecho", porque mediante la fuerza y la extorsión, "se arrinconó" al gobierno para cancelar un proyecto de interés nacional.

Comentó que pese a que se había actuado con responsabilidad en los estudios del proyecto y en las negociaciones con los ejidatarios quienes recibieron una buena oferta al final, una minoría mantuvo su postura reacia a la expropiación.

La expropiación es una figura jurídica que existe porque la gente no está de acuerdo en vender, ya que de lo contrario bastaría con un contrato de compra-venta, abundó.

Expresó su preocupación porque esto establezca el precedente de que es posible presionar al Estado moralmente o por la vía del delito, de la ruptura y el quebranto del estado de derecho.