CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 05, 2002.- Ante la necesidad de que México aplique "mano dura" para dar certidumbre a la inversión, el sector privado demandó la aplicación de la ley en torno a los actos delictivos, resultado del movimiento de cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco.
"Aún sin proyecto hay actos delictivos que aguardan la
aplicación de la ley, tan sólo para no sentar precedentes nefastos
para la sociedad y no generar toda una nueva tendencia que se
especialice en delinquir para obtener la atención gubernamental de
sus demandas".
A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), el sector empresarial lamentó la cancelación del proyecto en
Texcoco, por el hecho de que esa inversión hubiera significado un
impulso a la recuperación económica nacional.
Este hecho, dijo, amerita dos lecturas, tanto desde el punto de
vista de la conservación del Estado de derecho, como del cambio de
procedimiento del gobierno para sacar adelante sus decisión.
Señaló que ya se sabe que el cambio implica "no imponer nada a la fuerza", pero sería bueno que también se anunciara la nueva estrategica de negociación.
En su "Análisis Económico Ejecutivo" de esta semana, puntualiza
que el mercado interno mexicano está soportado por el consumo
privado, que sigue fuerte y deberá recibir ahora cierto impulso de la
recuperación de la inversión privada. De ahí que reitera su rechazo a
la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
En este rubro, el organismo privado refiere el impacto que
México puede recibir del exterior, en tanto que sea una economía
débil.
"Indudablemente", expresó, la caída en las bolsas en el mundo
arroja ya una pérdida de riqueza que afectará el comportamiento del
consumo y la inversión.
La confianza del consumidor disminuyó de manera
considerable y las expectativas de la industria se han ajustado a la
baja.