En una carta enviada al pontífice acusó a las autoridades mexicanas de "inventar" pruebas en su contra y de violar sus garantías constitucionales.

"Las autoridades mexicanas enviaron pruebas inventadas a las norteamericanas para abrirme un proceso judicial y extraditarme como un delincuente de gran valor al haber sido gobernador", afirmó en la misiva.

Por ese motivo, solicitó a Juan Pablo II que preste atención a su caso e intervenga para garantizarle "un juicio con total apego a derecho y a las garantías legales" que le otorga la Constitución y las garantías que le concede la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En la carta insistió, en que los cargos en su contra fueron "fabricados" por la Fiscalía General a raíz de su "incompatibilidad de ideas" con el ex presidente Ernesto Zedillo.