Políticamente el caso aparecía como una "beta de oro", porque en este país cada caso relevante es una ocasión pasa calificar y descalificar a los actores de la vida política del país en busca de simpatías. Sin embargo, a estas alturas el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), no han podido atacarse lo suficiente ante el rumbo que tomó la indagatoria.

Lejos de sustentarse la teoría de un crimen de Estado, la investigación reveló la inestable vida personal de la abogada, y arroja elementos contundentes para reforzar la hipótesis que afirma que ella se privó de la vida.

OCTUBRE DEL 2001, LA DEFENSORA VICTIMADA

En su momento, su muerte representó una agresión sin precedentes a los defensores de derechos humanos y organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron al Gobierno mexicano investigar a fondo y dar con los culpables del homicidio de la abogada que, entre otros casos, tenía a su cargo la defensa de los presuntos guerrilleros del Ejército (ERPI) en Oaxaca; la de los jóvenes que colocaron petardos en las sucursales bancarias del Distrito Federal; la defensa de campesinos ecologistas víctimas de latifundistas en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, así como la defensa de varios miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El general José Francisco Gallardo, muerta Digna y liberado él, reveló que la abogada también trabajaba en un proyecto confidencial en el que ambos buscarían documentar las violaciones a los derechos humanos en el país, toda vez que Estados Unidos tenía un programa de apoyo a países de América Latina, que cancelaba si en esa nación existían violaciones a los derechos humanos.

Los diarios norteamericanos The Washington Post, Los Angeles Times y otros europeos, dedicaron sus editoriales a este homicidio y advirtieron que Fox estaba a prueba y debía demostrar su política en esta materia al dar con los culpables, y ello significaría romper con las décadas represoras del PRI.

El ambiente en el pías se agravó aún más cuando, posterior al asesinato, vinieron las amenazas a la abogada de la familia, Bárbara Zamora, y a seis distinguidos defensores de derechos humanos.

La familia pidió a la Procuraduría capitalina, a cargo de Bernardo Bátiz, que se hiciera cargo de la investigación, temerosa de que la agresión contra Digna hubiese provenido precisamente de la Procuraduría General de la República (PGR) o de alguna instancia policiaca de orden federal.

Hasta hoy, muy cautos en sus comentarios para no cuestionar la "honorabilidad" de una Procuraduría, representante legal de un gobierno perredista, los grupos y representantes de la izquierda mexicana, han permanecido callados y al margen; incluso, la CIDH y Amnistía Internacional bajaron la intensidad de sus reclamos.

Por fortuna para los gobernados, el hecho de que las instituciones procuradoras de justicia estén en manos de funcionarios de distintos partidos, ha dado a la indagatoria un buen grado de credibilidad.

La Procuraduría capitalina tiene asignado un presupuesto y personal exclusivo para esta indagatoria, en la que trabajan seis agentes del Ministerio Público, seis oficiales secretarios, tres peritos y seis elementos de la Policía Judicial, y está en vías de integrar a tres peritos extranjeros, avalados por la CIDH.

EL SUICIDIO ANUNCIADO DE LA ABOGADA

Cita el periodista Andrés Oppenheimer que en la realidad los héroes a menudo no son tan buena gente, ni los bandidos tan diabólicos, y el fallecimiento de la luchadora de las garantías individuales parece estar más inducido por el "factor humano" que por las teorías conspiradoras del gobierno represor.

Las indagatorias han revelado que Digna Ochoa era un ser deprimido, mal emocionalmente y con tendencias al suicidio desde 1987, cuando una autoridad judicial dictaminó en Veracruz que presentaba un estado de "ansiedad neurótica" y le recomendó atención psicológica.

Digna Ochoa hizo entonces dos cartas póstumas en las que anunciaba su suicidio y se despedía de su familia y su novio; anunció que ese día se pondría su vestido crema, con el que se veía preciosa.

"Sé del dolor tan grande que les causo pero soy tan cobarde que no quiero enfrentar la realidad", decía una de las cartas póstumas.

Ambas cartas existen y obran en el expediente 44/987 del proceso penal que se siguió en contra de Ana Berta García, en los juzgados de Pacho Viejo, en Xalapa, Veracruz, a quien Digna acusó de allanamiento de morada y lesiones con un cuchillo.

Una semana después de redactadas las cartas, Digna presentó una denuncia en contra de su compañera de facultad, la acusó de haberla apuñalado y declaró ante la autoridad que corrió a pedir ayuda con el cuchillo enterrado en el hombro.

Según los reportes periodísticos de esa época, Digna incurrió en varias contradicciones: A la Policía Judicial le dijo que ella se lesionó porque estaba deprimida y por haber perdido su trabajo, sin embargo, más tarde se retractó y acusó a Berta, quien estuvo presa por ocho meses, hasta que un juez determinó que no había pruebas en su contra y los peritajes concluyeron que el arma no penetró y que ni siquiera su ropa presentó huellas de la supuesta lesión.

En 1988, Digna desapareció misteriosamente por un mes. La familia levantó un acta por secuestro y acusó a los policías de la entidad; finalmente se dio nota en los diarios que ella estuvo en una casa hogar de Mérida, Yucatán, en donde buscó refugió entre las religiosas, por problemas personales.

Pero la declaración de Digna fue que élla fue secuestrada y violada por sus captores, que pudo huir y pedir ayuda, hasta llegar a ese convento, en donde finalmente le brindaron ayuda.

Digna dio una conferencia de prensa y "relató con gran serenidad, detalle a detalle, la forma en que fue ultrajada (...) dijo varias incongruencias", declaró Rosalinda Sáenz, reportera de El Gráfico de Xalapa

A raíz de este hecho tres policías judiciales fueron revocados de sus cargos, sin que se puedan conocer pormenores del caso ya que la familia, en voz del hermano mayor que ha encabezado la representación, no quieren hablar al respecto y no recuerda los "pormenores" del caso.

En octubre de 1999, al activista denunció ante la PGJDF un nuevo secuestro del que fue víctima; en un video relató que en su domicilio fue secuestrada por tres sujetos, aparentemente miembros de algún cuerpo de seguridad, que la amarraron y vendaron de los ojos.

Registraron sus cosas, le mostraron decenas de fotos y le exigían que les dijera quiénes eran; la increparon sobre el EPR, el EZLN y el ERPI y anotaron todo en una 'laptop'.

Además, dijo, le hicieron firmar hojas en blanco.

Le devolvieron un portafolio y dos carpetas que le habían robado con anterioridad en la calle. Y la dejaron con el gas abierto.

En el año dos mil, Digna Ochoa viajó a Washington para someterse a un tratamiento por depresión. Fue entonces, a través de un 'Chat' que conoció a su novio, José de Jesús Vera, de profesión economista.

Entonces fue a tratarse por las depresiones que, a decir de su familia, le causaron las constantes amenazas que recibía por su trabajo.

En noviembre 1999, la Corte Interamericana emitió una resolución en la que requirió al Gobierno mexicano salvaguardar la vida de la abogada y tres integrantes más del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ya que estaban siendo acosados y existían amenazas en su contra.

Ochoa había denunciado amenazas de muerte en su contra en 1995, cuando aceptó la defensa de personas acusadas de ser miembros del EZLN.

Sin embargo, tras la muerte de la activista, la Corte Interamericana recomendó profundizar en la línea de investigación concerniente en la vida personal de la abogada y en aspectos que no se habían abordado a plenitud, según lo declarado por el procurador Bátiz.

EL ALEJAMIENTO DEL AGUSTÍN PRO

Ochoa y Plácido se desempeñó como coordinadora del área jurídica del Centro Agustín Pro Juárez, y entre sus actividades estaba la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y de algunos presuntos simpatizantes del EZLN.

Más tarde y muy a pesar de su convicción con la causa, Digna se separó de esta organización por problemas que trascendieron al plano personal.

Entre otras cosas, la abogada y la ONG tuvieron fricciones por cuestiones de dinero, ya que el organismo le cuestionó los viajes que ella realizó por distintas ciudades de Europa y los Estados Unidos, con dinero de la organización.

El viaje a Washington fue financiado aún por el organismo y el novio de Digna relató a la prensa que su rompimiento fue violento.

Renato Sales, el sub-procurador que estuvo a cargo de la investigación, quien se vio obligado a renunciar tras el escándalo desatado tras la revelación de su hipótesis del suicidio, sostuvo en su informe, entregado al procurador, que Digna Ochoa pudo fabricar la escena del crimen para hacerlo ver como un homicidio.

Y que por otro lado se tenían pistas y pruebas de las amenazas en su contra, muy débiles.

Al final, lo que era una agresión sin precedente contra los derechos humanos parece que terminará por ser la historia personal de una mujer de claros y oscuros, víctima de sus propias pasiones y estados de ánimo, muy a pesar de las voces que ven en ella a una víctima de los cuerpos represores del país.

Este 19 de octubre, Margarita Guerra y Tejada, fiscal del caso, se encuentra en Washington en una audiencia con la Comisión Interamericana para abordar el caso de la abogada.

Las investigaciones se ciernen aún sobre tres hipótesis: La que se relaciona con los grupos "caciquiles" afectados por el trabajo de la defensora, en Guerrero; la que conduce hacía los grupos militares, vinculados a la violación de derechos humanos, y la que gira alrededor de su entorno social, que incluye sus aspectos familiares y laborales.