CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 26, 2002.- El procurador capitalino, Bernardo
Bátiz, descartó este sábado la posibilidad de que las autoridades federales pudieran hacerse cargo de las investigaciones relacionadas con la muerte de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa.
Inquirido sobre la falta de resultados y la posibilidad de que diputados del Partido Acción Nacional (PAN) demanden que el caso sea atraído por la autoridad federal, Bátiz aseguró que no hay elementos legales ni razones para ello.
Entrevistado al término de la reunión del gabinete de Seguridad y Gobierno de la administración local, el procurador puso énfasis en que es un asunto local, que existen avances importantes y que la revisión del expediente se debe a la exigencia de la opinión pública.
Dijo que la fiscal especial del caso, Margarita Guerra, ha realizado un excelente trabajo, y recordó que, incluso, ha ofrecido concluir la averiguación en algunos meses más.
En su opinión, no sería procedente que el caso fuera atraído por la autoridad federal, ni lo aceptarían los organismos defensores de los derechos humanos, porque algunas líneas de investigación están dirigidas hacia militares o servidores públicos del ámbito federal.
Insistió en que no hay elementos legales ni razones para ello y refirió que sólo de existir un delito de carácter federal se podría dar el hecho de que la PGR se encargara de estas investigaciones, pero hasta el momento no se da ese supuesto.
Hasta ahora, dijo, los hechos indican que la muerte de la abogada Digna Ochoa pudo haber sido resultado de un homicidio o que pudo ser un suicidio, en concecuencia, la investigación corresponde a las autoridades judiciales de la ciudad de México.
Finalmente, pese a lo dicho por la fiscal especial del caso, reconoció que difícilmente se podrá esclarecer el asunto este año, aunque expresó su confianza en que ello ocurra antes del próximo aniversario luctuso de Digna Ochoa.