Por unanimidad los siete magistrados electorales decidieron darle la razón al Instituto Federal Electoral (IFE) y con esto facilitan a la Comisión de Fiscalización el que pueda profundizar la investigación sobre el presunto desvío de fondos del sindicato petrolero hacia la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el 2000.

Fernando Ojesto Martínez, presidente del Tribunal Electoral, indicó que se confirmó el acuerdo del 17 de diciembre de 2002 sobre los recursos de los partidos y agrupaciones políticas del IFE, “donde califica el impedimento planteado por el PRI".

El tricolor apeló ante el Trife y argumentó que los integrantes de la Comisión de Fiscalización del IFE se habían convertido en juez y parte al denunciar la investigación sobre el “Pemexgate” ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Según los priístas esta acción de los consejeros del IFE había demostrado parcialidad en la investigación, ya que un asunto administrativo adquirió con la intervención de la PGR una dimensión de carácter penal.

Los magistrados electorales respaldaron la decisión de los consejeros del IFE, con el argumento de que era una obligación de la Comisión de Fiscalización dar parte a la PGR sobre el presunto desvío, ya que la ley exige que cualquier ciudadano al enterarse de la comisión de un probable delito, deberá por obligación enterarlo al Ministerio Público.

La apelación presentada por el PRI era un obstáculo para que el IFE continuará la investigación sobre el “Pemexgate”; la resolución del Trife desvanece ese obstáculo.