La acusación es en contra de funcionarios de la misma PGR y del Instituto Federal Electoral (IFE).

El PRI se queja de que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), haya filtrado información del Pemexgate al IFE, contraviniendo el artículo noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

"La UEDO envió a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, y ésta a su vez al IFE, la averiguación previa 182/2000 no tenía ninguna facultad, el procurador ni el titular de la UEDO, ni quien lo hizo, para remitir estas averiguaciones", declaró el coordinador jurídico del PRI.

El artículo noveno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que en sus investigaciones, la UEDO debe guardar la más estricta confidencialidad y contempla sanciones para los funcionarios que proporcionen copias de los documentos.

La fiscal de delitos electorales de la PGR, María de los Ángeles Fromow, involucrada en la denuncia, negó que se haya incurrido en alguna falta en el caso Pemexgate.

"La investigación de UEDO, en principio, no se utilizaron los mecanismos de la Ley de Delincuencia Organizada, el Ministerio Público es una unidad, es único, lo que investigue un Ministerio Público puede ser utilizado precisamente en una investigación que esté conexa a esa", explicó Fromow.

Yunes aseguró, este martes, que la probable sanción de mil millones de pesos del IFE al PRI por el caso Pemexgate carece de todo sustento legal.

"Esta decisión del IFE de acelerar los tiempos para la sanción al PRI no es una decisión jurídica, es una decisión política, el propio IFE reconoce que no hay suficientes elementos, sin embargo, le aplica al PRI la sanción máxima", agregó.

Yunes advirtió que si el IFE decide finalmente sancionar al PRI, apelarán ante el Tribunal Federal Electoral, con amplias posibilidades de que se le dé la razón al PRI.