En el oficio que da respuesta al acuerdo del Pleno senatorial del 10 de diciembre de 2002, el subprocurador Carlos Javier Vega Memije argumentó que no se han cumplido los supuestos que establece la ley para justificar la atracción de los crímenes como el que esté involucrada la delincuencia organizada o haya concurrencia de delitos del fuero común con delitos del fuero federal.

En el documento, el funcionario precisó que a partir de 1993 se comenzó a registrar en Ciudad Juárez, Chihuahua, una incidencia delictiva relacionada con los homicidios en agravio de mujeres, que a la fecha suman oficialmente 258.

Vega Memije externó que la facultad de atracción en estos casos está en que los autores de la conducta o conductas ilícitas, en número de tres o más, tengan como antecedente una organización para realizar en forma permanente o reiterada ilícitos como asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de autos.

Por lo que hace a los delitos de homicidios cometidos con armas de fuego, "esta circunstancia no es indicativo para que se surta la competencia federal sino, en su caso, tan sólo daría lugar a conocer parte de la PGR, de un delito en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin que ello implique que exista conexión para conocer los delitos de privación de la vida".

En consecuencia, concluyó, los homicidios que se han perpetrado en agravio de personas del sexo femenino en el estado de Chihuahua, por este medio no deben ser atraídos al ámbito federal en tanto no se acredite que tienen conexión con algún o algunos delitos previos en el Código Penal Federal y en las leyes federales especiales.