En el acto, el ombudsman nacional dijo que la sede inaugurada en esta ciudad se suma a las que ya operan en Tijuana, Baja California, Reynosa, Nogales, Sonora, Chihuahua, Villahermosa, Tabasco, Tapachula y Chetumal, que permitirán a la CNDH ampliar su capacidad de atención a los migrantes en las fronteras norte y sur del país.

Abundó que a través de las oficinas del organismo se busca establecer vínculos con Organizaciones No Gubernamentales y autoridades federales y locales, para atender de forma coordinada las quejas por presuntas violaciones a las garantías de ese sector.

Soberanes Fernández indicó que las más de tres mil muertes de migrantes mexicanos y centroamericanos, a lo largo de nueve años de vigencia del llamado Operativo Guardián, dan cuenta de la gravedad de la situación que enfrentan quienes pretenden internarse en territorio norteamericano.

Esta situación, anotó, se recrudece con la severidad de los controles y medidas de seguridad que se han implementado recientemente en la Unión Americana, luego de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el conflicto en Medio Oriente.

Se refirió también a la operación, en Arizona y Nuevo México, de grupos organizados en milicias armadas cuya acción, combinada con las medidas legales de control por la parte gubernamental, hacen aún más difícil la defensa y protección de los derechos humanos de los connacionales en la zona fronteriza.

Ante esta realidad, afirmó que los mexicanos están más expuestos a los abusos y al maltrato, e incluso a la pérdida de la vida, toda vez que ello propicia que sean extorsionados y presa fácil de las redes del crimen organizado dedicadas al tráfico de personas.

El presidente de la CNDH, acompañado por el gobernador de la entidad, Patricio Martínez, refirió que muchos trabajadores migrantes que llegan a Estados Unidos son víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

Por ello el organismo a su cargo amplía su capacidad de atención a ese grupo, a fin de conocer e integrar quejas por violaciones a sus garantías fundamentales y para denunciar conductas racistas y xenofobas, así como para manifestar su enérgica oposición a la persecución ilegal de la que son víctimas.