CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 18, 2003.- Consejeros políticos del PRI
exigieron a la dirigencia nacional de este instituto una explicación satisfactoria sobre el caso Pemex, la expulsión de los responsables, y el procesamiento penal de los involucrados.
En rueda de prensa, Jorge Avendaño, Pablo Martínez y Carlos Ramírez aseguraron que a la lista de responsables habrá que agregar nombres como el del ex presidente Ernesto Zedillo y su hermano Rodolfo, Esteban Moctezuma, Dulce María Sauri, José Guadarrama y Joel Horteales.
Señalaron que es tiempo de decir basta a la simulación y de poner cortinas de humo para proteger a quienes se enriquecieron con el dinero del sindicato petrolero, por los que debe aplicárseles el rigor de los estatutos internos y de las leyes mexicanas.
Anunciaron que el próximo miércoles 21 de mayo acudirán a las comisiones nacionales de Justicia Partidaria, de Derechos de los Militantes, a la Dirección de Contraloría Interna y al Consejo Político a presentar una petición formal y por escrito al respecto.
En su calidad de consejeros nacionales y militantes del PRI, argumentaron, son terceros perjudicados en este "bochornoso" asunto y por ello exigirán a las autoridades judiciales y penales que les proporcionen una copia de las averiguaciones previas iniciadas en contra de los presuntos responsables de este delito.
Pedro Pablo Martínez, quien participó en el equipo de planeación y logística de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, dijo que en el 2000 se vivieron momentos dramáticos porque la Secretaría de Finanzas se negó a financiar adecuadamente los actos proselitistas del candidato argumentando que no tenía recursos.
Afirmó que los 500 millones de pesos que el sindicato petrolero le entregó a Rodolfo Zedillo y que se transportaron en una camioneta propiedad de Francisco Labastida Ochoa nuca llegaron a la campaña.
En su oportunidad, Jorge Avendaño señaló que ese dinero no pudo desaparecer así como así y por eso es necesario que se esclarezca todo el asunto y se diga públicamente quienes fueron los responsables de recibir los fondos y de habérselos quedado.
Ambos subrayaron que los más de 10 millones de mexicanos que votaron a favor del PRI en el 2000 están profundamente agraviados y exigen castigo a los responsables de que se haya sancionado "injustamente" a su partido.
Por su parte, el consejero nacional Carlos Ramírez Nolasco agregó que después de las elecciones del 6 de julio pedirán a la dirigencia que en una asamblea nacional rinda cuentas de las investigaciones e inicie los procesos de sanción a que haya lugar contra ese "grupúsculo de corruptos y malos priístas".
Finalmente, dijeron que están completamente de acuerdo en la
campaña de recaudación de fondos que anunció el vocero del CEN del
PRI, Carlos Jiménez Macías, y adelantaron que llamarán a toda la
militancia y simpatizantes a contribuir para rescatar al partido y
fortalecerlo.