El dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), Rafael Galindo, señaló que estos terrenos fueron incautados por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de 1992 porque eran utilizados para sembrar marihuana o amapola.

"Las tierras fueron entregadas a grupos de campesinos que las solicitaban, pero nunca se regularizó la cesión, no se legitimaron legalmente a nombre de los grupos que las recibieron", dijo Rafael Galindo.

Relató que "la mayoría de los narcotraficantes afectados se ampararon en contra de esas entregas y lo curioso es que la mayoría de estos recursos fueron ganados".

Jueces de distrito, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenaron el desalojo de los campesinos para devolver los terrenos a sus dueños originales, señaló.

El dirigente campesino exigió al Gobierno que regularice la situación y advirtió que es un foco de tensión social que puede estallar.

"El Gobierno entregó terrenos fuera de procedimiento y le pedimos que negocie con los propietarios que ganaron los amparos y acuerden la compraventa para que se legalicen las posesiones de los campesinos", indicó, y dijo que a su juicio resolver el problema le costará "una millonada de pesos" al Gobierno.