CIUDAD DE MÉXICO, México, Mayo 29, 2003.- El Instituto Nacional de Migración (INM) formuló 412 querellas penales durante el primer cuatrimestre de 2003 por participación en el tráfico de seres humanos.
En éstas resultaron involucrados 685 presuntos traficantes de personas, 3.9% más que en el mismo período de 2002.
La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que no bajará la guardia en el combate al tráfico de personas y que redoblará esfuerzos para desmembrar y castigar a los jefes e integrantes de más de 100 bandas de "polleros" que están ubicadas y operan en el territorio nacional.
Las delegaciones que de enero a abril presentaron más querellas penales por violación a la Ley General de Población son: Chiapas con 107, Baja California con 77, Veracruz con 44, Sonora con 38, Tamaulipas y Distrito Federal con 37, Chihuahua y Oaxaca con 24 y Tabasco con 23.
De acuerdo con el diagnóstico de la Segob, "las bandas operan a través de células independientes que prestan servicios de transporte, alojamiento y reclutamiento de indocumentados para organizaciones con mayor capacidad operativa y financiera protegidas por autoridades
locales, estatales y federales".
Los "polleros" cobran entre mil 500 y ocho mil dólares por persona, y algunos pagos son realizados por familiares residentes en Estados Unidos a través de empresas de transferencia de remesas.
Anotó además que cada día es más frecuente el uso de credenciales de elector robadas y actas de nacimiento falsas para extranjeros y traficantes para encubrir sus identidades y transitar por el territorio nacional.
Según el reporte, las rutas principales hacia el Noroeste del país proceden de la frontera con Guatemala a través de Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, hasta Sonora, atravesando
Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Otra ruta importante es la que corre por Veracruz con destino a Tamaulipas.
La Segob expuso que la estrategia para el combate al tráfico de personas tiene como objetivos disminuir el flujo de indocumentados extranjeros por el territorio nacional y recopilar evidencia que
permita iniciar acciones judiciales contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
"El tráfico de personas representa uno de los principales riesgos a la Seguridad Nacional porque trae aparejada alta capacidad de corrupción, por su potencial para atentar contra la gobernabilidad
democrática a través de sus vínculos internacionales,que pueden tener como objetivo el terrorismo, secuestro de menores, tráfico de órganos, lavado de dinero y falsificación de documentos ", anotó la dependencia.
