CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 3, 2003.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el relator especial de la ONU para Derechos Humanos y libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhage, analizan los temas de esa materia en esta ciudad.
En el antiguo palacio del Ayuntamiento, la titular de la oficina de representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, dijo que la visita oficial tiene como propósito que
Stavenhage conozca las estrategias en materia de políticas públicas del Gobierno capitalino, para atender a la población indígena.
Explicó que el relator vino al país por invitación del Gobierno mexicano a todos los relatores de Derechos Humanos, para que conozcan y emitan alguna recomendación.
La funcionaria aseveró que en México hay varios rezagos en materia de derechos sociales, uno de ellos es la situación de los indígenas.
El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reunirá con representantes de varias organizaciones no gubernamentales, para analizar temas como la situación de los indígenas, la lengua, educación, cultura y empleo.
Recordó que recientemente el Instituto Nacional Indigenista (INI) estableció un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para brindar atención a los indígenas en sus lenguas, a través de la contratación de traductores y la capacitación de jueces y fiscales del Ministerio Público.
A pregunta expresa sobre la creación de una comisión para la defensa de los derechos humanos de indígenas, señaló que se trata de un organismo intersecretarial donde se propone atiendan varios temas como el de la ley de armas de fuego, que afecta a los indígenas.
Puntualizó que hay muchos temas a discutir de manera intersecretarial con organismo no gubernamentales, para llevarlos al Congreso como iniciativas, ya que hay muchas quejas en materia de derechos humanos que es necesario resolver.
Manifestó que en el país hay 7 mil indígenas presos, principalmente por delitos contra la salud, violaciones, portación de armas de fuego y robos; en tanto, mil obtuvieron su libertad el año pasado, debido a que habían incurrido en delitos menores.