El 5 de junio del 2003, 12 diputados del PRD encabezados por Luis Miguel Barbosa Huerta, presentaron una denuncia de juicio político contra Diego Fernández de Cevallos, senador del Partido Acción Nacional (PAN) por supuesto tráfico de influencias.

Sin consentimiento, ni aviso previo, en la denuncia se citan como testigos para el juicio a los reporteros.

En flagrante violación a las garantías individuales, incluido el derecho a la privacidad, se detallan nombres, medios y direcciones particulares.

El presidente de la Comisión Permanente, Fidel Herrera, leyó desde la mesa directiva el oficio suscrito por los reporteros aludidos:

“Consideramos ese hecho ominoso, atentatorio de nuestros derechos, abusivo e inaceptable, porque al hacer públicas las direcciones de nuestros domicilios particulares se pone en riesgo a las familias, en razón de las animadversiones que con motivo exclusivo de nuestro trabajo podemos cosechar en el ejercicio cotidiano de la actividad”.

En el documento se exige al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, quien está vez no acudió a la sesión, una rectificación pública de los hechos y el retiro de los reporteros como testigos.

“Desde ahora hacemos a los diputados responsables por cualquier daño físico o moral que podamos sufrir en lo personal o cualquier miembro de nuestras familias, en razón de haberse dado a conocer nuestras direcciones”, cita el documento de los reporteros.