CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 11, 2003.- Este miércoles, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR).
Presentaron su inconformidad ante la decisión de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales "A" de no ejercitar la acción penal en contra de la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elba Esther Gordillo, y contra el líder moral del sindicato magisterial Carlos Jonguitud Barrios.
A ambos los acusan del homicidio intelectual de cerca de 150 maestros disidentes en la década de los 80.
La denuncia fue interpuesta inicialmente ante la Fiscalía de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. La Fiscalía se declaró incompetente y envió el caso a la Subprocuraduría "A".
El pasado 14 de mayo la PGR anunció que no existen elementos de prueba suficientes para ejercitar acción penal en contra de los acusados.
"Fundamentalmente la inconformidad nuestra radica en el hecho de que la Fiscalía nunca investigó nada, solamente se dedicó a tomar nuestras declaraciones, los documentos testimoniales, los testigos", afirmó Germán Aguilar Olvera, maestro disidente.
Los mentores informaron que presentarán más casos de maestros asesinados y agredidos durante la década de los 80, para intentar que el caso no sea cerrado por la PGR.
