Sostuvo que el Gobierno capitalino no está en un acto de rebeldía y su posición no significa que desacatarán las resoluciones de la Corte, ya que su administración es respetuosa de la legalidad y del Estado de derecho.

Recordó que hasta el momento, el Gobierno capitalino ha pagado 40 millones de pesos a particulares por dos indemnizaciones por actos de la autoridad indebidos, cometidos en administraciones pasadas.

Precisó que en ambos casos, se cuenta con las pruebas que demuestran la propiedad a favor del Gobierno central, sin embargo, algunos documentos fueron alterados por particulares, en épocas pasadas, cuando podían hacerse este tipo de actos fraudulentos.

Indicó que el terreno del predio San Juan ni siquiera existe, ya que en los documentos que presenta el particular Enrique Arcipreste del Ábrego son falsos, pues señalan medidas erróneas como hectáreas cuadradas y, por lo cual, piden un pago de mil millones de pesos.

Destacó que mantendrán informada a la ciudadanía sobre el avance de estos casos, toda vez que se trata de recursos del pueblo.

Reconoció que para la defensa del predio Paraje San Juan, se formó una comisión que integran diferentes secretarías y direcciones de Gobierno, que se encargan de realizar un análisis sobre este problema.

"En el terreno La Mexicana, ubicado en Santa Fe, el particular Federico Escobedo Garduño, amparado con una autorización para la explotación de minas de arena, pretende adjudicarse la zona y la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera , ha diferido las audiencias constitucionales en 32 ocasiones", explicó López Obrador.

Añadió que mediante un acto de Gobierno fueron recuperadas 12 hectáreas de terreno, entre ellas la mina Santa Lucía en beneficio de la ciudad, la cual se vio urbanizada para después venderla y destinar los recursos al Instituto de Vivienda.

“En 1998, Federico Escobedo solicitó un amparo ante la juez María Guadalupe Rivera, argumentando que en el lugar se realizarían obras de la delegación Cuajimalpa", manifestó.

Consideró que este litigio tiene congelados bienes que pertenecen a los habitantes de la ciudad y en caso de seguir retardando las audiencias, podría mantenerse en la indefinición la propiedad de terreno hasta finales de este Gobierno.

“La juez ha aplazado en repetidas ocasiones las audiencias constitucionales, pese a que los documentos solicitados se están completos, pues días antes de la reunión, Federico Escobedo inventa la falta de cualquier papel para posponer el encuentro", agregó.

Aseguró que otra de las irregularidades en el terreno publicado por decreto en el Diario Oficial de la Federación en 1989 para ser expropiado por el entonces Departamento del Distrito Federal, es que en el contrato de compra-venta, Enrique Arcipreste menciona una unidad de medida inexistente como la hectárea cuadrada, la cual le parece "aberrante".

Insistió en que las firmas de los jueces que presuntamente autorizaron la documentación son diferentes, por lo que se trata de documentos falsos y es necesario que éstos se percaten de ese error.

"La directora general de Administración Urbana, Montserrat García, señaló que con base en la copia del contrato privado de compra-venta presentado por Enrique Arcipreste, el Gobierno de la ciudad determinó que carece de validez jurídica, porque adolece de los elementos esenciales que requieren este tipo de actos y presenta varias irregularidades en sus asientos registrales", concluyó.