CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 21, 2003.- Este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex director de Petroleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor Seguy, así como contra Juan José Domené Berlanga, Julio Pinter González, Carlos Fermin Juaristi Septién y José Alberto Corazón de Jesús Geno Ortiz.
La PGR indicó que el Ministerio Público de la Federación,
adscrito a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) no encontró elementos para imputarle a los indiciados el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En tanto, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero determinó de forma similar en relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tampoco se pudo acreditar delitos del orden federal en contra del senador priísta y líder del Sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, Alonso Bretón Figueroa, Jorge Cárdenas Elizondo, Joel Hortiales Pacheco, Luis Ricardo Aldana Prieto y Carlos Almada López.
En un comunicado, la PGR señaló que dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/102/2002 no se encontraron suficientes elementos específicamente en el tipo penal que consiste en ocultar el origen y destino de fondos supuestamente extraídos de forma ilícita.
Se refiere que en la denuncia correspondiente se señalaba que después de haberse desviado 640 millones de pesos, a través del convenio administrativo sindical, el dinero fue depositado a una cuenta bancaria y trasladado a un lugar no especificado.
La PGR manifiesta que durante la investigación en el caso Pemex se determinó que el dinero ingresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que se acreditó y consignó un delito electoral ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Ministerio Público Federal determinó que los
fondos de los que dispusieron los directivos de Pemex, a través del sindicato petrolero, fueron destinados para apoyar al PRI durante el proceso electoral de 2000.
En este sentido, explicó que en el operativo para allegarse
fondos, a través de instrucciones que se giraron a diversos empleados del PRI, sin soslayar la realizacion del Sorteo Milenio Millonario, sirvió como mecanismo para aparentar ante el IFE que los recursos ingresaron al partido de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Se agregó que esto de ninguna forma se traduce en que los funcionarios ocultaran el origen de recursos de procedencia ilícita.
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