CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 07, 2003.- El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, expresó hoy que correspondería al Congreso de Chiapas determinar si tienen o no acomodo legal las llamadas "Juntas de buen Gobierno" que el EZLN pretende establecer en la entidad.
Los planteamientos que los zapatistas hagan pudiesen tener vinculación con la última reforma al Artículo 2 de la Carta Magna, que prevé que las legislaturas locales, mediante sus constituyentes, deberán reformar su propia Constitución y plantear las nuevas formas de autonomía, particularmente para los pueblos indígenas, explicó.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG) expuso que para el gobierno federal Chiapas es una fuente de ocupación permanente, como son otros estados que presentan ese tipo de manifestaciones y movimientos sociales.
No obstante, indicó que durante el acto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizará este fin de semana en Oventic, no se desplegará ningún tipo de fuerza especial u operativo particular.
Sólo se preservará el número de efectivos que ha permanecido en el estado durante los últimos meses, encargados, sobre todo, de la vigilancia de las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y para garantizar el cumplimiento de las libertades de expresión, de tránsito y de asociación, precisó.
"Hay que recordar -dijo- que Chiapas es un estado fronterizo y por tanto debemos mantener la presencia del Ejército, pero sólo en los términos de los últimos meses que, pensamos, son suficientes para garantizar la vigencia de las garantías constitucionales como se ha hecho durante toda la administración".
Recordó que ayer el gobierno federal llevó a cabo una valoración sobre la situación que prevalece en Chiapas, e informó que sostuvo una platica con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a efecto de estar al tanto de las propuestas y planteamientos que efectuarán los zapatistas el fin de semana.
El responsable de la política interna del país expuso que la estrategia a seguir por parte del gobierno federal será la de preservar las condiciones de diálogo, para lo cual se mantienen los puntos que se ofertaron desde el inicio de la presente administración.
A saber, refirió, la reubicación de bases militares, la excarcelación de presos zapatistas y el haber solicitado la aprobación de la iniciativa de la Cocopa en torno a la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
Creel Miranda resaltó, particularmente, la disposición del gobierno del presidente Vicente Fox, para encontrarse y dialogar con el EZLN; "ya le informamos de esto a la Cocopa, a la cual reconocemos como una instancia propia para facilitar el diálogo entre el EZLN y el gobierno".
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