CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 25, 2003.- Sin definiciones concretas, la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó por unanimidad los criterios técnicos generales para el debate en materia eléctrica.

Sugiere a sus legisladores modificar el marco jurídico vigente, para garantizar certidumbre a todos los participantes del sector, tanto públicos como privados, productores y consumidores, con reglas claras que eviten la simulación.

En el cónclave priísta, de más de cuatro horas, se acordó que los legisladores de este instituto político serán los que definan resolver cuál marco jurídico conviene revisar.

El presidente de la Comisión de Energía, del Consejo Político Nacional, Óscar González, precisó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en estos criterios generales no emite juicio alguno sobre cuáles leyes deben cambiarse o no, ya que eso corresponde a los legisladores.

Precisó que es un documento que no presenta propuestas definitorias sino criterios generales que deberán asumir los diputados y senadores del PRI en el debate en materia eléctrica.

En medio de diferencias que admitieron los priístas en torno a este tema, se aprobó que cualquier acuerdo que se alcance tendrá que implicar un efectivo beneficio para la población y los sectores productivos.

Los priístas reafirmaron su rechazó a todo intento de privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Compañía de Luz y Fuerza, mediante la venta de activos, pero también por la más sofisticada vía de la segmentación y apertura de mercados libres.

Sugieren promover una reforma jurídica que tenga por objeto garantizar la vialidad económica de las empresas y organismos públicos de consideración estratégica por su aportación fiscal, para que alcance su alto cometido de justicia social.

Igualmente, en estos criterios generales reafirmaron su posición a favor del fortalecimiento de la rectoría del Estado.

"Debe garantizarse que el Estado mantenga bajo su control y operación las redes de transmisión y distribución, así como el despacho de la energía eléctrica", dijo González.

Advierten que en todo momento el Estado debe reservarse la facultad para determinar las tarifas eléctricas que deben ser definidas en razón del interés nacional.

También, limitar expresamente el porcentaje de generación proveniente de proyectos de la iniciativa privada, bajo las figuras legales correspondientes, tanto a nivel nacional como regional.

Otro de los criterios generales del PRI es buscar el fortalecimiento de las empresas públicas del sector, así como las facultades de la Comisión Reguladora de Energía; permitir a la CFE que genere nuevas fuentes de ingresos y reformar su régimen fiscal a fin de aliviar su carga tributaria, entre otras consideraciones.

Al término de la reunión de esa instancia partidista, en conferencia de prensa, Oscar González reiteró que su partido reconoce la necesidad de empujar reformas en el sector eléctrico que contribuyan al crecimiento económico del país.

Destacó la posición madura y responsable que su partido tiene sobre este tema, más allá de las confrontaciones políticas partidistas, porque lo que se busca es anteponer los intereses del país.

A su vez, Óscar Pimentel, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, aclaró que en estos criterios generales la dirigencia nacional de su partido no asumió el contenido específico de lo que deberán ser las reformas.

"No legislamos desde los órganos del partido, sino desde el Congreso con el respaldo del partido", apuntó.

En ese contexto, dijo que la definición de los tiempos, ritmos y la manera de abordar la discusión legislativa del tema corresponderá exclusivamente a los grupos parlamentarios.

Al retomar la palabra, Óscar González aclaró que la participación privada en el sector eléctrico es legal, ya que no hay ningún motivo de incertidumbre, por ejemplo, en el área de autoabastecimiento y cogeneración.

Refirió que lo que está en tela de juicio por el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la inversión privada en general, es la figura de productor independiente de energía.

Entonces, lo que hay que resolver es la incertidumbre jurídica de la figura de productor independiente y serán los legisladores quienes valoren por qué vías conviene.

En coincidencia, Carlos Jiménez Macías, diputado federal y vocero del CEN del PRI, sostuvo que su partido como tal agotará al máximo la discusión del tema, pues muchos de los escenarios están por definirse.

Aseguró que se pretende que los priístas puedan salir unidos en las definiciones al margen, porque siempre habrá diferencias.

Aclaró que estos criterios se acercan a los principios de los documentos básicos y de la plataforma electoral del PRI.

Por último, comentaron que este documento será ampliamente difundido entre los legisladores locales y federales priístas, y dirigencias y consejos estatales.

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