CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 28, 2003.- hace 10 días Aleida Alavéz Ruíz, diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó por escrito la intervención de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que investigue el caso del "Paraje San Juan".

Un documento consultado por Noticieros Televisa firmado por el ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, dice de manera contundente que la diputada perredista no esta legitimada para solicitar la intervención de la Corte en el supuesto del artículo 97 constitucional.

El acuerdo fechado el 23 de octubre de 2003 dice textualmente:

"Procede desechar por notoriamente improcedente la petición que se formula, toda vez que conforme a los dispuesto por el invocado precepto, los citados promoventes carecen de legitimación para pedir tal investigación, ya que esa solicitud sólo puede gestionarla, en todo caso, la propia SCJN, el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado".

El acuerdo es sustentado por tres jurisprudencias que consolidan la posición de la Corte para no intervenir en el caso "Paraje San Juan".

El documento fue emitido por la Subsecretaría General de Acuerdos de la SCJN y tiene como consecuencia determinar que la Corte no creará una comisión de investigación que inicialmente fue solicitada por Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal.

CORTE DA GOLPE A HACIENDA Y DESECHA IMPUESTO
La SCJN declaró inconstitucional el impuesto sustitutivo de crédito al salario.

Por unanimidad los ministros de la Corte ampararon a 10 empresas contra la aplicación de este impuesto vigente para el ejercicio 2003.

Este impuesto es enterado a Hacienda por todos los empresarios que realizan gastos por el pago de salarios de sus trabajadores.

Se considera inconstitucional porque el Congreso autorizó que una responsabilidad del Gobierno en el caso del crédito al salario, fuera absorvida por los patrones.

Actualmente se tramitan tan sólo en la Suprema Corte de Justicia más de mil amparos para atacar este impuesto y en los tribunales federales de todo el país más de cinco mil.

Con la jurisprudencia aprobada por los ministros los tribunales tendrán que aplicar el mismo criterio y darle la razón a las empresas que se amparen contra este impuesto, lo que constituye un duro golpe para la Secretaría de Hacienda, ya que según la Ley de Ingresos para 2003, Hacienda esperaba recaudar por concepto de este impuesto cerca de dos mil 985 millones de pesos.

La empresa que se ampare contra este impuesto ganará, ya que el criterio formado por la Corte será la guía de resolución.

Para el ejercicio 2004, la Cámara de Diputados tendrá que modificar sus criterios una vez que la Corte ha sentado jurisprudencia para determinar que este impuesto viola la constitución.

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