CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 31, 2003.- El jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Registro Civil, información sobre Fernando Arcipreste Pimentel, presunto dueño del Paraje San Juan.

En conferencia de prensa, señaló que a la Sedena se le pidió información sobre si Arcipreste perteneció a la milicia y la dependencia se comprometió a entregar un informe oficial; mientras que al Registro se le solicitó que investigue en las oficinas estatales si cuentan con el acta de defunción de Arcipreste Pimentel.

Confió en que la familia de Fernando Arcipreste proporcione el acta de defunción que dice tener de éste, toda vez que eso aclararía muchas situaciones en el proceso de expropiación.

Al ser cuestionado sobre el oficio que enviaron empresarios en el que expresan su temor a que se ahuyente a los inversionistas, porque el jefe de Gobierno no cumple la ley, señaló que los respeta, y que están en su derecho. Sin embargo, indicó que los empresarios representan intereses cupulares, a ese México corporativo que obedece a intereses políticos del viejo régimen.

López Obrador destacó que el Gobierno de la ciudad seguirá defendiendo su punto de vista, porque tiene la conciencia tranquila y cuenta con la documentación que prueba los actos fraudulentos y todas las inconsistencias en este caso, que es una "tranzota", insistió.

Indicó que está seguro que el convenio de compra-venta del Paraje San Juan se falsificó y eso es algo que no se puede aceptar.

"Imagínense que se fabrica el documento en una plaza de por aquí cerca, se fabrican las firmas y el juez resuelve el pago de mil 810 millones de pesos", comentó.

Recordó que el próximo lunes dará a conocer nuevos datos, y por tratarse de un asunto de relevancia, será del escrutinio público.

Al ser cuestionado sobre las críticas que se han desatado porque no quiere cumplir con la ley, subrayó que no confrontará a nadie, pues se tiene que impartir justicia, y no sólo en el caso de un Gobierno, sino de cualquier ciudadano, por lo que esperará que se integre la comisión.

En torno a las declaraciones del ministro Mariano Azuela, el jefe de Gobierno capitalino dijo que está en su derecho, toda vez que vivimos en un régimen democrático, donde somos diferentes y hay pluralidad, y todos tienen el derecho a expresar lo que piensan.

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