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NUEVA YORK, Estados Unidos, oct. 31, 2003.- México será evaluado a partir del
mes próximo para medir su cumplimiento de la convención de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
contra el cohecho, informaron este viernes fuentes oficiales.
La evaluación, que iniciará en noviembre y terminará en febrero
de 2004, será realizada por un equipo especializado de la OCDE,
precisó en rueda de prensa el secretario mexicano de la Función
Pública, Eduardo Romero.
Precisó que los expertos medirán el avance del país en una serie
de instancias específicas, entre ellas las reformas legislativas
necesarias para implementar la convención y los cambios operativos en
la administración pública.
La convención se refiere al cohecho de funcionarios públicos en
el extranjero e incluye de manera especial, aunque no exclusiva, el
rubro fiscal.
El funcionario indicó que "México ha hecho algunos progresos en
esa dirección", pero eludió ser más específico, ya que dijo, eso le
toca a la Procuraduría General de la República (PGR).
Romero realizó sus declarariones al margen de su participación
en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), que
este viernes adoptó por aclamación la Convención de la ONU contra la
Corrupción.
El funcionario indicó que para atender sus compromisos
nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción,
México requerirá una serie de modificaciones legislativas que lo
doten de los instrumentos necesarios.
Entre ellos mencionó la creación de un órgano autónomo y
absolutamente independiente (de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), encargado de dar seguimiento a la lucha contra la
corrupción.
Señaló también que debe institucionalizarse la transparencia en
la administración pública, sin importar quién esté en el poder
Ejecutivo, a fin de consolidar lo avanzado en los últimos años.
Romero manifestó que la Convención adoptada este viernes, que
será abierta para su firma en una cita en Mérida, capital del sureño
estado mexicano de Yucatán en diciembre dará, entre otras cosas, el
marco legal apropiado para fortalecer la cooperación internacional.
"La Convención, sin duda, tiende a favorecer procesos", entre
ellos la recuperación de activos ilícitos de funcionarios en el
exterior, como cuentas bancarias y bienes raíces.
La Convención entrará en vigencia 90 días después de que se
reciba la trigésima ratificación legislativa de los países que se
adhieran a ella.
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