CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 2, 2003.- El pago obligatorio y aumento de cuotas y colegiaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se mantiene como un tema "vedado" y motivo de conflicto en esa casa de estudios, y su análisis podría realizarse sólo en el marco, o después, de un Congreso Universitario.

Investigadores, académicos, consejeros universitarios, estudiantes y trabajadores coinciden en que debe mantenerse la gratuidad de la Universidad Nacional, aunque algunos reconocen que la UNAM debe y puede captar recursos a través de la vinculación con el sector productivo nacional e internacional y mediante otras vías.

Quienes sostienen que la gratuidad de la UNAM debe continuar, aun cuando la institución necesita muchos recursos, citan el Artículo 3 de la Constitución que establece que toda educación que el Estado imparta será gratuita, lo cual, a juicio de aquellos, incluye a la superior.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, expresó que el tema es delicado y no puede ser abordado en estos momentos.

El también diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que la Constitución es muy clara sobre el asunto.

Según él, es obligación del Estado canalizar un financiamiento suficiente a las universidades públicas, entre ellas la UNAM, para que puedan desarrollar más investigación y preparar con más calidad a los profesionales de hoy y mañana.

Se compromiso a luchar en el Congreso en favor de que las universidades cuenten con el mayor presupuesto posible para elevar la calidad de la educación así como el nivel de vida de los trabajadores de las instituciones públicas de educación superior.

Por otro lado Benjamín García Páez, profesor de posgrado de economía de la UNAM, opinó que la gratuidad de la educación superior pública está en una situación bastante vulnerable.

Lo que se necesita en el país es revisar el modelo educativo global; en el largo plazo, definitivamente, no puede brindarse una educación a nivel de posgrado eminentemente pública; de hecho, la gratuidad llega a licenciatura, no a maestría y doctorado, expuso.

De hecho en el posgrado la educación no es gratuita; no lo es en términos de que la bibliografía, las condiciones de maestrantes y doctorantes tienen un costo monetario bastante alto, explicó.

"Lo que yo consideraría es que en el esquema de universidad pública en sus segmentos de investigación, particularmente de posgrado, la gratuidad es inviable a largo plazo.

"Habría que fomentar proyectos, vincularse con el sector productivo nacional e internacional que le retribuyan a la universidad ingresos propios", precisó.

Ello también para que quienes "nos dedicamos a la academia a nivel de posgrado tengamos a través de estos mecanismos mayor acceso a fuentes de financiamiento, de infraestructura, mejores computadoras, mejor acceso a software, Internet.

"Eso evidentemente no puede salir ya en México de una partida presupuestaria", afirmó García Páez.

Por su parte el director del Instituto de Matemáticas (IM) y aspirante a la Rectoría de la UNAM, José Antonio de la Peña, opinó que no es momento de hablar de las cuotas y señaló que su proyecto reivindica el carácter de la universidad pública y gratuita.

De la misma manera sostuvo que es responsabilidad del Estado la gratuidad de la educación superior pública.

Indicó que su compromiso es con la comunidad, con la sociedad mexicana, en el propósito de formar profesionistas del más alto nivel y mantener el liderazgo nacional en la generación de conocimiento relevante para la humanidad y la extensión de la cultura a todos los ámbitos de la sociedad.

A su vez el consejero estudiante titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Rafael Robles-Gil Cozzi, consideró también que el tema de las cuotas no debe ser tocado, pues es demasiado "sensible".

El renglón de las cuotas en la universidad es el punto más sensible, en el que menos consensos se tienen. No es la prioridad en la UNAM, hay otros asuntos que deben resolverse antes de tocar ese tema, comentó.

En todo caso, eventualmente, el tema debería tocarse en un Congreso Universitario, no puede ser una bandera de campaña de nadie, mucho menos en los tiempos políticos que vive internamente la universidad, mencionó.

Por separado Antonio Sánchez, estudiante de la Facultad de Ciencias, y Gilberto Benítez, de la Facultad de Derecho, coincidieron en que la comunidad se opone a que las cuotas "simbólicas" que hoy se pagan se hagan obligatorias.

Desde su perspectiva es obligación del Estado destinar cada año los recursos suficientes para el fortalecimiento de la educación pública, hasta llegar al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como mínimo como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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