La finalidad de este documento es intentar revertir el concepto de "cosa juzgada" que da definitividad a la obligación del gobierno del DF de pagar una indemnización por la expropiación del Paraje San. Juan.

René Bejarano, comentó que la Asamblea está legitimada y tiene facultades para oponerse como tercero perjudicado a la ejecución de una sentencia.

Al atraer el caso, la Suprema Corte de Justicia analizará el asunto, en el que no se podrá eliminar la obligación de pago que determinó la jueza Gabriela Rolón, pero sí permitiría disminuir el monto de mil 810 millones de pesos.

Lo que pretenden los perredistas es que con esta acción se revierta la obligación del pago de la indemnización.

Rene Bejarano anunció que se investigará a funcionarios actuales, y pasados, del gobierno del DF para determinar su responsabilidad y en su caso sancionarlos, incluso a los perredistas.

"La sugerencia para que el jefe de gobierno instruya a la contraloría para que en el uso de sus facultades se revise y en el marco del art. 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si hubo alguno o algunos funcionarios de esta u otras administraciones que por omisión, negligencia u otras causas pudieran haber influido en la determinación", dijo Bejarano, también líder de los diputados del PRD.

La acción y otros documentos del caso paraje San Juan fueron entregados en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia, que determinará en los próximos días si es procedente o no.