CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 08, 2003.- México debe dejar de utilizar a soldados para investigar crímenes, mejorar las investigaciones de homicidios, y modificar la Constitución para garantizar la protección a los Derechos Humanos, dijo un funcionario de las Naciones Unidas (ONU) en un informe difundido este lunes. Solicitado por el presidente Vicente Fox, el análisis de 224 páginas fue compilado durante varios meses por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 12 organizaciones mexicanas, y "pretende ser un instrumento para diseñar e implementar en México una política de estado en materia de Derechos Humanos".
El enviado mexicano Andrés Kompas dijo que México es "uno de los pocos países del mundo" donde los investigadores de la ONU completaron un análisis que explica cómo el Gobierno puede solucionar algunos problemas, en lugar de sólo indicar qué es lo que está mal.
En una declaración, la organización estadounidense Human Rights Watch aplaudió el informe y lo consideró como un plan para los Derechos Humanos de México, al sostener que "abre una ventana de oportunidad para el progreso".
El informe recomienda que México deje de utilizar al ejército para combatir la delincuencia.
Por lo general, los soldados emprenden tareas para derrocar al narcotráfico e investigan a los grupos guerrilleros. Sus acciones, sin embargo, han generado quejas de grupos de Derechos Humanos y algunos soldados han sido acusados de participar en el comercio ilegal de narcóticos.
El informe sugiere también que la justicia civil debería atender algunos crímenes castrenses.
"La separación de tareas de seguridad judicial y las de naturaleza militar ha sido una preocupación constante en el seno de los organismos internacionales no gubernamentales", sostiene el informe, y agrega que la creación de un sistema de justicia criminal independiente de la influencia de las fuerzas armadas, es un requerimiento para todas las democracias.
El análisis insta también a México a modificar su Constitución para garantizar la protección de los Derechos Humanos.
Con la mira en mejorar las investigaciones criminales, el estudio pide a la policía mexicana y a los fiscales que fijen reglas para asegurar que los expertos forenses sean entrenados de manera apropiada y desempeñen sus funciones con integridad.
Sugiere también que las autoridades deben impedir el uso de la tortura durante los interrogatorios y crear un sistema de justicia federal juvenil con reglas nacionales uniformes.
