CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 10, 2003.- Consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) aseguraron que el presupuesto de 5 mil 807 millones 47 mil pesos solicitado por el organismo para 2004 es mucho menor al ejercido este año, que rebasó los 10 mil millones de pesos, por lo que no debe sufrir una reducción mayor. En entrevista, la consejera Teresa de Jesús González Luna detalló que 3 mil 753 millones 491 mil pesos de ese total serían para el gasto operativo del IFE en 2004, y 2 mil 53 millones 555 mil pesos para el financiamiento público de partidos y agrupaciones políticas nacionales.
Indicó que si bien en términos reales el presupuesto operativo del IFE es 40% menor al de 2003, si se descuenta el costo de los programas propiamente electorales, éste implica apenas un incremento de 1.9% respecto del ejercicio anterior.
También señaló que a pesar del incremento mínimo que tiene el presupuesto del IFE, la institución garantiza la realización del Programa Extraordinario de Distritación y Reseccionamiento y dará continuidad a todas las tareas relevantes en 2004.
Por su parte, el consejero electoral Rodrigo Manzanares sostuvo que el IFE es una institución pública que nada tiene que ocultar y, por el contrario, ha dado numerosas muestras de transparencia y pulcritud en el manejo de sus recursos financieros. Incluso, señaló que el IFE anualmente se somete a tres ejercicios anuales de auditorías para confirmar el sano ejercicio de su presupuesto público.
Por ello, insistió en que es necesario que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto solicitado para el 2004, pues si bien no hay elecciones, existen tareas permanentes, como la fotocredencialización, lo que requiere de recursos.
Este año, el IFE contó con un presupuesto que casi llegó a los 11 mil millones de pesos por ser año electoral, aunque la Cámara de Diputados le recortó 720 millones de pesos ante la crisis económica. De ese total, 5 mil 789 millones 877 mil pesos fueron para el gasto operativo del IFE, mientras que los 5 mil 306 millones restantes fueron destinados al financiamiento público de los partidos políticos.