La delegación formada por miembros de los diversos partidos representados en la cámara alta mexicana estará en las audiencias de la CIJ, con sede en La Haya en Holanda, que se celebrarán del 15 al 19 de diciembre.

El Gobierno de México llevó ante la CIJ el caso de los 54 ciudadanos de su país condenados a muerte en Estados Unidos, por la presunta violación al derecho de información consular de los reos mexicanos.

Según México, las autoridades estatales y municipales estadounidenses violaron este derecho, establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena, según el cual, en caso de detenciones de extranjeros, existe la obligación de informar a los arrestados de su derecho a comunicarse con la representación consular de su país.

La CIJ ordenó en febrero a las autoridades estadounidenses suspender la ejecución de tres presos mexicanos hasta que la Corte emita una sentencia definitiva, que se prevé antes del próximo marzo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó hace unos días que acudió ante la CIJ tras "agotar todos los recursos ante tribunales y autoridades administrativas de Estados Unidos".

Para el senador Jorge Zermeño, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), "lograr que se otorgue una reparación adecuada del daño mediante la revisión y reconsideración efectiva de las condenas y sentencias de los mexicanos representa un signo más de la responsabilidad del Gobierno en defensa de nuestros connacionales".

Según su homóloga Silvia Hernández, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), "en caso de que el fallo fuera favorable, los mexicanos podrían gozar la posibilidad de reponer el procedimiento, esa condena podría ser revisada y vivir".