Ello tras no permitir que 52 sentenciados a la pena de muerte mexicanos contaran con la asistencia consular para su defensa.

Para la parte mexicana todos los detenidos en territorio mexicano deben contar con los mismos derechos sin importar su nacionalidad; algo que no se está respetando EU puesto que en muchos de los casos los detenidos no tienen un abogado que hable su mismo idioma.

Sandra Babcock, directora del Programa de Asistencia Jurídica a los Mexicanos Condenados a Muerte, sostuvo que “podemos ayudar a los mexicanos para que tengan abogados y apoyo jurídico; pero en estos 52 casos los sentenciados no fueron informados sobre el derecho de contar con la asistencia del consulado mexicano”.

México le pide a la Corte que obligue a los Estados Unidos a respetar la claúsula 36 de la Convención de Viena y que de esta manera se unifiquen los criterios, hasta ahora muy dispersos, de la interpretación que ambas partes dan a la misma.

Según el gobierno mexicano este proceso jurídico no tiene porque ocasionar alguna fricción entre ambos países.

Santiago Oñate, embajador de México en Holanda, mencionó que “lo relevante es que los dos países han decidido resolver una controversia de este tipo de modo pacifico y ante el órgano supremo del Derecho Internacional”.

Con estas audiencias México no pretende que sea revocada la sentencia de las 52 personas que se encuentran acusadas en los Estados Unidos, sino que sean revisados sus casos y que se les pueda realizar un nuevo juicio, pero un juicio que tenga las garantías que enmarca la Convención de Viena.

JUICIO DE MÉXICO VS. EU EN LA CORTE PENAL

En la Corte Internacional de Justicia se han puesto en marcha las primeras audiencias públicas sobre este caso.

La principal violación, que a juicio de la parte acusadora comete el gobierno de los Estados Unidos, es no permitir a los sentenciados la posibilidad de contar desde su arresto con la asistencia consular mexicana.

El embajador Oñate señaló que se busca que “la Corte defina cuales son las consecuencias que conforme a Derecho Internacional tiene el violar el deber de los estados, de notificar al consulado cuando han detenido a un extranjero y se trata de crímenes muy graves”.

Hablamos de muchos mexicanos que han vivido en condiciones precarias, que en muchos de los casos no saben leer o escribir, o que también en muchos de los casos no solamente no hablan inglés sino que ni siquiera pueden hablar español puesto que provienen de algunas zonas indígenas mexicanas.

Que no han podido contar con un abogado que les ayude a entender las acusaciones a las que son sujetos.

Juan Manuel Gómez Robledo, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que “tampoco cuestionaremos que Estados Unidos tenga el derecho como cualquier Estado de imponer la pena de muerte para los crímenes más graves, se trata de garantías del debido proceso que no fueron respetadas.

Esta es la tercera vez que los Estados Unidos son juzgados por esta Corte. La primera vez se trató de un ciudadano paraguayo que terminó siendo ejecutado. La segunda vez por dos alemanes que también corrieron con la misma suerte, pero en esta ocasión se trata de 52 personas que podrían lograr que posteriormente los Estados Unidos puedan respetar las convenciones internacionales que han firmado.