Así lo afirmó el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Álvarez Ledesma, quien dio a conocer que durante este año la institución sólo recibió 13 casos de presunta tortura, aunque ninguno resultó positivo.

En entrevista, el funcionario añadió que la mayoría de los casos de supuesta tortura provinieron de personas acusadas por delitos contra la salud y por secuestro, lo cual es utilizado como estrategia de su defensa para que no se les acrediten cargos.

Resaltó el inicio del Protocolo de Estambul, que permite documentar e investigar casos de tortura, así como del acuerdo en el que se reconoce la jurisprudencia para proteger las fuentes de información y el trabajo de los periodistas.

Al término del evento denominado "Mil días de compromiso a favor de tus derechos y contra las adicciones", Alvarez Ledesma indicó que a partir de la implementación del Protocolo de Estambul, hace tres meses, únicamente se han investigado tres presuntos casos de tortura.

En este sentido, aseguró que ninguno de los dictámenes resultó positivo en relación a que efectivamente se haya cometido tortura y anunció que en enero próximo se llevará a cabo la segunda sesión del comité que vigila la correcta aplicación de ese mecanismo.

El subprocurador dejó en claro que la PGR está en total desacuerdo con la aplicación de la pena de muerte, contrario a algunas opiniones de legisladores que se pronunciaron a favor de esta medida.

Álvarez Ledesma dijo ser respetuoso de las opiniones de los legisladores, pero "por lo menos en la PGR estamos en desacuerdo con la pena de muerte, la condenamos y creo que en breve plazo México la quitará de la Constitución".

También se refirió al diagnóstico sobre derechos humanos emitido por la ONU, y dijo que debe considerarse como un insumo más en esta materia, como una contribución importante y no solamente entender este trabajo a partir del diagnóstico, pues en la PGR ha habido avances importantes en el respeto a las garantías fundamentales.