"Pedimos a la corte la privación de los efectos jurídicos de las decisiones tomadas por los tribunales que los condenaron", dijo el embajador Santiago Oñate, uno de los representantes del gobierno mexicano, en el tercer día de audiencias en La Haya.

Fue el último día que México tuvo para exponer sus argumentos y rebatir los presentados por Estados Unidos –el pasado martes-, en el caso que enfrenta a los dos países ante los jueces internacionales.

México llevó a principios de año ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el caso de los ciudadanos de su país condenados a la pena capital en diferentes estados de la Unión Americana, por la presunta violación al derecho de información consular de los reos mexicanos.

En las audiencias, que comenzaron el lunes, el gobierno de Vicente Fox ha sostenido que las autoridades estatales y municipales estadounidenses violaron la obligación de informar a los detenidos de su derecho de comunicarse con la representación consular de su país, contenido en la Convención de Viena.

A su juicio, esto podría haber cambiado sustancialmente el curso de los acontecimientos y aumentado la vulnerabilidad de los Detenidos, que en la mayoría de los casos tenían un bajo nivel cultural y no hablaban ni entendían inglés.

Los representantes del gobierno mexicano rechazaron los argumentos estadounidenses de que los mexicanos tuvieron un juicio justo, con todas las garantías en condición de igualdad con los ciudadanos norteamericanos.

"Deteniendo, encarcelando, juzgando y sentenciando a los 52 mexicanos, Estados Unidos violó sus obligaciones internacionales e impidió que nuestras autoridades pudieran ayudar a sus ciudadanos", manifestó el embajador Oñate.

Igualmente, negó que los condenados a muerte tuvieran nacionalidad estadounidense y solicitó que la corte dicte medidas para evitar que Estados Unidos siga violando estos derechos y se den garantías para que no vuelva a ocurrir en el futuro.

"Detrás de estas decisiones hay siempre una gran carga política", comentó, por su parte, la abogada estadounidense Sandra Babcok, que actuó en representación del gobierno mexicano. Babcok acusó a Estados Unidos de dejarse llevar por criterios políticos y discriminatorios a la hora de tomar decisiones sobre las condenas a muerte.

"Hay estudios que muestran que la nacionalidad de los acusados juega un importe papel", declaró a EFE la magistrada.

Este viernes, Estados Unidos podrá presentar de nuevo sus argumentos y conclusiones definitivas del caso. Sin embargo, la decisión de los jueces podría prolongarse por varios meses, ya que los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia son muy lentos.