El pasado 24 de diciembre dicho juzgado determinó negar las órdenes de aprehensión en contra de cuatro empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos, quienes fueron consignados por la PGR a un juez por los delitos de traición a la patria y delitos electorales.

De esta forma, el director general de la empresa mexicana, Jorge López García, el gerente de la misma, Ismael Vaca Ramírez y las empleadas Adriana López Cuevas e Irma Ruiz Suárez, quedarían libres una vez que presenten una fianza de 96 mil pesos cada uno, luego de que el Juzgado VI de Amparo les otorgó una suspensión definitiva por el delito de revelación de secreto.

Ante esta negativa, la PGR presentó el recurso de apelación dentro del plazo correspondiente, pues considera que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de estas personas en los dos primeros delitos.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó desde el 24 de noviembre de 2003 el arraigo en contra de los cuatro empleados, como medida precautoria y finalmente consignó los expedientes al Juzgado XIII por traición a la patria, delitos electorales y revelación de secreto.

Este último delito sería el único por el cual los indiciados enfrentarían proceso penal, sin embargo, les fue concedida la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión por dicho ilícito, en espera de que les sea concedido el amparo de fondo.

La Fepade confirmó que la base de datos del padrón electoral le fue vendida a la empresa Choice Point de manera ilegal y hasta el momento estas cuatro personas han sido consignadas por la probable irresponsabilidad en esta transacción.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada no ha podido comprobar que la empresa norteamericana haya destruido y dejado de utilizar definitivamente la información de esta base de datos.