MÉRIDA, México, ene. 22, 2004.- En un hecho inédito en el Congreso de Yucatán, nueve procesos de juicios políticos fueron presentados para su análisis y estudio. "Yo no recuerdo en mucho tiempo que en una misma legislatura se presenten tantos juicios políticos, pero me parece que no y sobre todo por la naturaleza”, comentó Cleomino Zoreda, de la Comisión de Legislación, Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Yucatán.
Dijo que entre ellos destacan dos juicios contra los cinco de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia por presuntas irregularidades en el juicio aplicado a Armando Medina Millet, acusado de asesinar a su esposa Flora Ileana Abraham, uno de los casos más polémicos en la historia de la entidad.
"Si no se hubiera caído en cuestiones de responsabilidad, entonces sí procederían los juicios políticos. Lo mismo les corresponderá a los señores legisladores actuar apegados a la ley, a fin de no incurrir en responsabilidades”, señaló, por su parte, Ángel Prieto, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
El tercer análisis de juicio político es en contra del gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, acusado por un regidor priísta presuntamente por despojar de sus tierras a ejidatarios de tres comisarías meridanas. Sin embargo, el gobernador se negó a hablar al respecto.
El cuarto y quinto caso corresponde al procurador de Justicia de Yucatán, Miguel Ángel Díaz Herrera, por presuntas detenciones ilegales a tres ciudadanos.
La lista continúa en contra de la ex secretaria de Educación, Leticia Mendoza; uno más en contra de la alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, interpuesta por siete regidores priístas y dos más en contra del presidente del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, Vicente Tun Velásquez.
“La gente se siente con derecho a reclamar de las autoridades que estimen que no han cumplido con su deber y será el trabajo que realizará este Congreso para determinar la procedencia o no de las solicitudes”, destacó Fernando Castellanos, de la Comisión de Justicia del Congreso de Yucatán.
De acuerdo con los legisladores yucatecos, el procedimiento de juicio político tarda alrededor de ocho meses hasta culminar con multas administrativas o desafuero en su caso para enfrentar acciones penales.
