Entrevistado tras la firma del convenio que suscribió ese organismo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para impulsar el Programa Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de ese sector de la población, el ombudsman indicó que la medida es inadmisible.

Destacó que al exigirse esos análisis clínicos se vulneran las garantías fundamentales de las personas, por lo que advirtió que la institución a su cargo iniciará una investigación a fondo en esos sitios de reclusión.

Soberanes Fernández hizo un llamado a todas las personas a las que se ha pedido cumplir con este requisito para lo denuncien ante la CNDH.

Por otro lado, señaló que será la próxima semana cuando presente el informe especial sobre las revisiones que se realizan en los aeropuertos internacionales del país, el cual estará dirigido al presidente de la República Vicente Fox y a los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes.

Precisó que la elaboración del documento continúa, debido a que algunas autoridades no han concluido la entrega de algunos de los reportes solicitados, pero rechazó que exista resistencia a proporcionar la información.

Al referirse al caso de violencia política que se vivió en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, José Luis Soberanes precisó que por el momento la CNDH no atraerá el caso, pues se trata de un caso que compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"No queremos quitarles la competencia al organismo defensor local y únicamente si es necesario se atraerá el caso al ámbito federal", aclaró el representante de dicha comisión.

Cuestionado sobre si el uso de esposas por parte de elementos de Seguridad Pública, durante la detención de delincuentes, viola los derechos humanos, el ombudsman nacional precisó que cuando existe una reglamentación sobre su aplicación y se capacita adecuadamente al personal, no hay ninguna irregularidad.

El defensor recordó que la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos y que el Estado está obligado a garantizarlo, por lo que no se puede renunciar a ella, sólo por la incapacidad o falta de preparación de los efectivos policiacos.